La Corte de San Juan, la más contaminada de nexos políticos de todo el país

San Juan aparece en el radar de la investigación sobre calidad institucional porque la totalidad de las bancas de la Corte de Justicia provincial están ocupadas por magistrados con vínculos políticos previos a su nombramiento. El informe expone cómo, en algunos distritos, la cercanía con el poder político parece ser la antesala obligada para acceder a la cúspide judicial.

Según la misma investigación, en el caso sanjuanino, los 5 jueces de la Corte tuvieron vínculos con el poder Ejecutivo antes de ser nombrados. Adriana García Nieto fue asesora letrada del gobierno de Sergio Uñac desde 2015 a 2018 y de 2012 a 2015 ocupó la subsecretaría general de la gobernación, durante el giojismo.

El mismo informe reveló que Daniel Olivares Yapur, fue candidato a diputado provincial por el peronismo, mientras que Juan José Victoria asesoró a la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Santa Lucía y fue fiscal general de la Municipalidad de Rawson, también durante gobiernos peronistas.

Guillermo de Sanctis, por su parte, fue fiscal de Estado, ex diputado y ex ministro de Salud. Marcelo Lima fue vicegobernador de Gioja e intendente de la Capital. Todos ellos fueron parte del peronismo, casualmente el mismo signo político que gobernaba cuando llegaron a la Corte de Justicia de la provincia, explicó el informe publicado por Chequeado.

San Juan y Tucumán: los miembros de la Corte, clave en las reelecciones de Uñac y Manzur

La investigación también sacó a la luz los casos particulares de San Juan y Tucumán. En ambas provincias, miembros de las cortes locales jugaron un papel fundamental para avalar la reelección tanto de Sergio Uñac como de Juan Manzur, respectivamente.

En San Juan y ya como parte de la Corte, tanto García Nieto como Olivares Yapur en conjunto con el -ahora difunto- fiscal General, Eduardo Quattropani, conformaron el Tribunal Electoral Provincial que aprobó la candidatura de Uñac para ir por otro mandato en la Gobernación. Algo que luego, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó e inhabilitó la postulación de Uñac.

Sin embargo, la coincidencia sanjuanina no es aislada sino que replica un patrón nacional, según la investigación: de los 138 jueces provinciales analizados, 87 fueron nombrados por gobiernos peronistas y, en la mayoría de los casos, tras desempeñar cargos de relevancia en la estructura estatal.

En cada provincia analizada sobran ejemplos que exponen esta situación. Pero hay dos casos emblemáticos: en Tucumán y en San Juan, las decisiones de sus cortes superiores locales estuvieron a punto de permitir, en 2023, la reelección de sus gobernadores para un tercer mandato, pese a que lo prohíben ambas constituciones provinciales.

Tanto la Corte tucumana como el Tribunal Electoral sanjuanino (integrado por 2 jueces de la Corte) admitieron la postulación de Juan Manzur (Unión por la Patria) y de Sergio Uñac, respectivamente. La avanzada sólo se pudo frenar con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictaminó en contra de lo que habían resuelto los tribunales superiores de ambas provincias.

Poca información pública

Otro punto que desnuda la investigación es la escasa transparencia: muy pocos Poderes Judiciales provinciales publican en sus sitios web el currículum completo de sus jueces supremos. San Juan no escapa a esa tendencia. La ausencia de datos básicos sobre la trayectoria de los magistrados impide que la ciudadanía pueda conocer, con precisión, el recorrido profesional de quienes deciden los fallos más importantes.

Cabe destacar que, además, la Red Ruido presentó pedidos de información a la Corte de Justicia de San Juan pero ninguno fue respondido. En todo el país, apenas nueve cortes respondieron a estos pedidos. En San Juan no se brindaron todos los datos solicitados durante el mes de junio, es decir, más de un mes antes de que la investigación se haga pública, lo que coloca a la provincia dentro del grupo que mantiene un hermetismo significativo en torno a su máxima instancia judicial.