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Presunto tráfico de influencias

La Corte intenta defenderse sobre como actuó con el caso Ortega

El presidente de la Corte, Juan José Victoria, dijo que iniciaron un sumario administrativo a Ortega. Afirmó que "la Corte de Justicia no oculta nada".

Por Redacción Tiempo de San Juan 19 de agosto de 2022 - 09:07

La Corte de Justicia de San Juan decidió abrir el miércoles de esta semana un sumario administrativo contra el funcionario judicial Juan Pablo Ortega, según informó el presidente del cuerpo, Juan José Victoria. La aclaración se da cuando quedó en el tapete la reacción del máximo tribunal sanjuanino para tratar internamente la situación laboral de Ortega, que fue acusado por el Ministerio Público por asociación ilícita, tráfico de influencias, ejercicio ilegítimo de la profesión e incumplimiento de sus deberes como funcionario público.

Este viernes, Victoria, en diálogo con Radio Estación Claridad, se mostró molesto por notas periodísticas respecto de la actuación de la Corte de Justicia con el caso de Ortega y defendió su labor y la del resto de los cortistas para abordar la situación. "El lunes fue asueto y como fue el fin de semana la denuncia formalizada, el martes recién entró la comunicación oficial. La Corte no puede actuar porque en la radio o el diario digan tal noticia, debe tener la comunicación formal. Recibida esta comunicación, la Corte se reunió el miércoles, a las 24 horas, y decidió formalizar las actuaciones administrativas para investigar los hechos que se le investigan a Ortega en sede penal", afirmó.

De todos modos, si bien Victoria argumentó que el procedimiento correcto es actuar después de la comunicación oficial, no es verdad que no haya tomado conocimiento antes, o que se hubiera enterado porque "la radio o el diario lo diga". Porque la denuncia formal contra Ortega y compañía fue presentada formalmente en los mismos tribunales de los que la Corte es máxima autoridad tres meses antes. Y los medios de comunicación informaron sobre un expediente formal en tribunales, no sobre versiones. Ese expediente estuvo tramitado en despachos judiciales desde hace tres meses. Es decir que Ortega y el resto de los funcionarios judiciales recibieron la delicada denuncia por tráfico de influencias formalmente y siguieron de todos modos cumpliendo funciones tres meses más, aun con la investigación y las sospechas de manipular la justicia en su contra.

"Esto es así porque está en juego la administración de justicia. La Corte en 24 horas se reunió y decidió la formalización de este sumario administrativo por hechos que se le imputan a Ortega y las otras dos funcionarias", argumentó. Y remarcó: "Lo hizo inmediatamente la Corte, en 24 horas resolvió lo que tenía que resolver, puede equivocarse pero que endilguen que está ocultando cosas, no, todo lo contrario. La Corte no oculta absolutamente nada. No puedo emitir una opinión de qué opino sobre el caso porque puede llegar a la Corte", añadió Victoria.

Para Victoria, "hay periodistas que informan mal y da impotencia". Lo dijo cuando en este diario en la edición del miércoles se publicó una nota titulada "Mientras en Tierra del Fuego suspendieron a un funcionario judicial denunciado, en San Juan Ortega y Parisí siguen trabajando", lo cual fue ratificado por el presidente de la Corte, ya que dijo que Ortega fue trasladado. Según confirmó el cortista, Ortega no está yendo a trabajar porque pidió una licencia por cuestiones de salud.

Incluso, a Mario Parisí que es otro alto funcionario judicial denunciado por su ex mujer, no le iniciaron un sumario en sede administrativa porque "el delito que se le imputa no tiene nada que ver con la administración de justicia", según argumentó el cortista. En el parangón que hizo Tiempo de San Juan, se informó que el relator del Superior Tribunal de Tierra del Fuego, Marcelo Guzmán, está imputado por una causa de violencia de género contra su esposa y el Tribunal Superior de esa provincia decidió de inmediato suspenderlo preventivamente de sus funciones y que perciba un 60 por ciento menos de sus remuneraciones brutas. Al sanjuanino Parisí también le imputan violencia de género.

Victoria remarcó este viernes que "esas son las sanciones que prevé la Ley Orgánica, de este proceso surgirán y se probarán o no los hechos que se investigan y podrán caber o no sanciones que van desde la llamada de atención hasta la exoneración. El derecho de defensa es una garantía constitucional, y hay que respetar procedimientos. Y por el otro lado está el proceso penal penal iniciado".

El presidente de la Corte dijo que la acción de los ministros del máximo tribunal llega hasta dictar el inicio del sumario administrativo. "lo que la Corte hace es tomar la decisión y lo que marca la ley es nombrar un sumariante que es quien dispone las medidas para arribar a una determinada conclusión". Aseguro que se prevé un proceso ágil y que "se pone todo lo que se tiene que poner porque si esto ha sucedido en el Poder Judicial tal cual se ha denunciado, es grave".

Sobre las otras dos funcionarias judiciales apuntadas en la Justicia Penal junto con Ortega, que son su esposa Belén Rodríguez y una funcionaria judicial amiga de la pareja, Claudia Elizondo, Victoria aseguró que "en el caso de las otras dos funcionarias han sido cambiadas de su lugar de trabajo. Si se les endilga delito en el ámbito de su función, para que no se entorpezca la investigación y dar garantías a la justicia de que no pueda cambiar nada".

Además, Victoria despegó a Ortega de la Corte: "el doctor Ortega jamás fue secretario de la Corte de Justicia, sino en el Ministerio Público Fiscal, por lo tanto no ha redactado ningún proyecto. Ortega ha prestado servicio en la escuela judicial que producida la denuncia ha sido separado de este cargo. Estuvo trabajando en el Colegio de Jueces en Jáchal en el marco del sistema adversarial. Pero nunca proyectó una sentencia a un ministro de la Corte porque no fue secretario relator en la Corte".

Concluyó: "Duele porque es el Poder Judicial, porque es personal del Poder Judicial. Pero aún siendo gente del Poder Judicial que presuntamente ha cometido un hecho delictivo, corresponde que sea juzgado y ejerza su derecho de defensa como cualquier ciudadano. Más allá de que duele porque son dependientes, el Poder Judicial no está ocultando absolutamente nada. Aseguro que va a haber resolución en tiempos absolutamente razonables".

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