El Senado sancionó la ley de inocencia fiscal y actualizó los umbrales por evasión

La votación se dio pocas horas después de la aprobación del Presupuesto 2026 y fue encabezada en el debate por la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. El objetivo central del proyecto es adecuar los montos que determinan cuándo una conducta tributaria se considera delito penal y, a la vez, generar condiciones para fomentar la regularización de capitales no declarados, conocidos como los “dólares del colchón”.

Entre los puntos más relevantes, la ley eleva el umbral de evasión simple, que prevé penas de entre dos y seis años de prisión, de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, la evasión agravada, castigada con penas de tres años y medio a nueve años, pasará de $15.000.000 a $1.000.000.000. Para los casos más complejos, donde se utilicen estructuras societarias, intermediarios, fideicomisos o jurisdicciones no cooperantes para ocultar al verdadero responsable, el monto mínimo exigido será de $200.000.000, muy por encima de los $2.000.000 vigentes hasta ahora.

También se actualizaron los valores vinculados al uso de facturas apócrifas o documentación falsa, estableciendo que el perjuicio económico deberá superar los $100.000.000, frente al tope anterior de $1.500.000.

Uno de los aspectos más cuestionados durante el debate fue el fuerte aumento de las multas automáticas, que, según especialistas, podrían incrementarse más de un 110.000%. A modo de ejemplo, una sanción que hoy es de $200 para personas físicas pasaría a $220.000, y en el caso de personas jurídicas, de $400 a $440.000. Ante estos cuestionamientos, el Gobierno se comprometió a corregir estos puntos en la reglamentación, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.

El senador libertario Juan Carlos Pagotto, titular de la Comisión de Justicia, defendió la iniciativa al señalar que “la inflación generó un sistema anacrónico” que perjudica a los contribuyentes y criminaliza conductas que hoy resultan desproporcionadas. Desde la oposición, en cambio, hubo críticas por el impacto en las pymes y advertencias sobre una posible delegación excesiva de facultades al Poder Ejecutivo.

Al cerrar el debate, Bullrich aseguró que la ley “no tiene una lógica recaudatoria”, sino que busca terminar con la persecución fiscal y permitir que los contribuyentes “puedan usar su dinero sin una espada de Damocles sobre la cabeza”. Además, recordó que el régimen original data de 1932 y que su última actualización fue en 1998, lo que refuerza, según el oficialismo, la necesidad de una reforma profunda.

Con esta sanción, el Gobierno suma otro avance legislativo clave antes del cierre del año parlamentario y deja en manos de la reglamentación final los ajustes más sensibles del nuevo esquema tributario.