El orreguismo busca, por ley, prohibir el uso de los cañones rompetormentas en San Juan

Así lo confirmó a Tiempo de San Juan el diputado y presidente de la bancada Producción y Trabajo, Juan Córdoba. La meta de la iniciativa, firmada por el interbloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura, persigue la "suspensión de actividades, mecanismos, técnicas y demás que puedan llegar a modificar el ciclo hidrológico del agua. Tiene que ver con este tema de los cañones antigranizo. Pero contempla cualquier otro mecanismo, técnicas, actividades, sistemas o tecnologías que puedan constituir una acción en ese sentido", explicó el legislador.

Córdoba dijo que el proyecto fue presentado el viernes y que todavía no lo ha charlado oficialmente con otros bloques sobre su eventual apoyo. No obstante se mostró optimista con su aprobación, "porque es algo en lo que entiendo que la gran mayoría de las personas de San Juan consideran que es muy importante proteger el ambiente y proteger el agua. Estamos en una época de una crisis hídrica importantísima. Las perspectivas, entiendo, no son muy favorables. Entonces todo lo que se pueda hacer para intentar que se generen daños ambientales entiendo que es favorable y me parece que así también lo van a interpretar el resto de los bloques". La meta es hacerlo ley este semestre. Se espera que tome estado parlamentario en abril y se discuta en comisiones.

Esta iniciativa es un pedido del gobernador Marcelo Orrego, destacó el legislador. "Este es un tema que venía escuchándose en San Juan. Sabíamos de la inquietud de mucha gente con relación a este tipo de técnicas y el gobernador instruyó tanto al secretario de Ambiente, el doctor Federico Ríos, como al ministro de producción, como también a mí, al diputado Castro, para que nos ocupáramos de este tema y así fue que los dos, el ministro y el secretario que mencioné recién, tuvieron varias reuniones con productores de distintos departamentos, tuvimos reuniones con distintos técnicos y científicos de la Universidad Nacional, con funcionarios del gobierno de la provincia de Mendoza, entre otros, para poder conocer del tema".

Además, precisó el legislador, "tanto el secretario y el ministro que mencioné concurrieron a reuniones con la jueza de paz del departamento Sarmiento, también para saber en el lugar cómo era bien el tema, qué versión tenía ella, cuál era el expediente que estaba tramitando".

Córdoba agregó que "se ha hecho un trabajo pedido, instruido por el señor gobernador, un trabajo en equipo entre distintas áreas del Ejecutivo y diputados de nuestro interbloque, tendientes a tratar de definir, saber bien en dónde estamos parados en esta materia, y una vez que se recibieron los informes correspondientes, trabajamos en el proyecto y el proyecto ha sido presentado el día viernes pasado".

¿Les consta que se han usado cañones de este tipo acá en San Juan? "Entiendo que han sido utilizados y nosotros lo que necesitamos es fundamentalmente que no se modifique de ninguna manera el ciclo hidrológico. San Juan no puede darse el lujo de perder una gota de agua y porque entonces si llegaran a usarse estos cañones o cualquier técnica que modificara el ciclo hidrológico, eso va a ser irreversible, se puede llegar a generar un daño ambiental irreversible y el gobierno tiene que evitarlo".

Sobre qué otros dispositivos pueden ser tomados en cuenta en la ley, precisó que se habla también de alguna técnica "que se implementaba mediante aviones". No obstante, aclaró que el proyecto no refiere a ningún mecanismo específico.

El artículo 2 crea el registro de operadores, artefactos y tecnologías vinculados a la comercialización y uso de toda actividad, sistema, mecanismo y o tecnología que, sin incurrir en los supuestos del espíritu de esta norma, pretenda mitigar contingencias climáticas que afecten actividades en general y especialmente actividades agropecuarias o cualquier otra que altere la calidad de vida de los habitantes. Este registro funciona en la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable o en el organismo que en el futuro lo reemplace. La reglamentación que se dicte determinará el procedimiento, facultades y criterios atinentes a su funcionamiento.