El Gobierno busca eliminar la Ley de Etiquetado Frontal: cuáles son los argumentos del proyecto

En el texto enviado al Congreso, el Poder Ejecutivo sostuvo que la normativa actual presenta problemas “técnicos, operativos y económicos” que justifican su eliminación total. Además, pidió que el tratamiento parlamentario sea rápido para reemplazar el esquema vigente por otro sistema que considere “más flexible y consistente”.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la derogación completa de la ley N° 27.642. De aprobarse, dejarían de utilizarse los octógonos negros que advierten sobre exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías en los envases de alimentos. También quedarían sin efecto las restricciones vinculadas a publicidad dirigida a niños, promociones en escuelas y utilización de personajes infantiles en los paquetes.

Entre los argumentos principales, el Gobierno cuestionó el modelo nutricional basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Según el Ejecutivo, el sistema aplica criterios uniformes a productos muy distintos entre sí, sin contemplar las porciones reales consumidas ni las características nutricionales particulares de cada alimento.

De acuerdo con la Casa Rosada, esto provoca situaciones en las que alimentos considerados tradicionales o saludables terminan recibiendo advertencias similares a las de productos ultraprocesados, algo que —afirman— genera confusión en los consumidores y simplifica en exceso la información nutricional.

Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de incentivos para las empresas alimenticias. El Gobierno sostiene que el sistema actual funciona bajo una lógica “binaria”, donde un producto tiene o no tiene sello de advertencia, sin reconocer mejoras parciales en la composición nutricional realizadas por la industria.

El proyecto también pone el foco en el impacto económico sobre las PyMEs y en las diferencias regulatorias dentro del Mercosur. Según el mensaje oficial, la falta de criterios comunes en la región obliga a las empresas a producir envases diferenciados para cada país, incrementando costos y complicando especialmente a las pequeñas y medianas industrias.

Además, el Ejecutivo considera que la ley vigente es demasiado rígida porque incorpora dentro de su articulado aspectos técnicos y metodológicos que, a su entender, deberían poder actualizarse con mayor facilidad frente a nuevos consensos científicos internacionales o modificaciones en las Guías Alimentarias para la Población Argentina.

A pesar de impulsar la derogación, el Gobierno aclaró que continuará vigente la obligación de informar los componentes nutricionales de los alimentos envasados. De esta manera, seguirán siendo obligatorios los datos sobre calorías, azúcares, grasas y sodio establecidos en el Código Alimentario Argentino y en las normativas armonizadas del Mercosur.

Con el envío del proyecto al Senado, el oficialismo abrió un nuevo debate sobre el sistema de etiquetado frontal que comenzó a regir en el país en 2022 y que desde entonces generó posiciones enfrentadas entre organismos de salud, consumidores y la industria alimenticia.