Una grave denuncia penal sacude al municipio de Zonda, poniendo al intendente Juan José Atampiz en el ojo de la tormenta por situaciones de presuntos "ñoquis", entre ellos familiares del funcionario. Ya hay denuncia penal, interpuesta por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) que conduce José Díaz, podría tener como consecuencia la destitución del mandatario bloquista y alcanza también a su hermano, el actual diputado y ex intendente Miguel Atampiz. La abogada patrocinante del sindicato, Vanesa De Dax Sansó, dio detalles sobre la presentación en la Justicia.
Crece el escándalo por los "ñoquis" de Zonda: ¿puede llegar a la destitución del intendente Atampiz?
Luego de que el Sindicato de Empleados Públicos denunciara en la Justicia Penal las presuntas maniobras en el manejo del personal de la Municipalidad de Zonda, se espera que se trabaje en una investigación dentro del Concejo Deliberante.
Dax Sansó sostuvo sobre la denuncia penal ante la UFI Delitos Especiales que "los delegados gremiales del municipio de Zonda se presentaron ante las oficinas del señor Díaz y le comentaron que había un gran malestar entre los restantes empleados del municipio porque había funcionarios que estaban cobrando y no aparecieron nunca, cobraban sueldos muy importantes".
Las irregularidades no terminan ahí. La abogada añadió, en diálogo con Pelado Stream, que "otros empleados con categorías altas también cobran sueldos sin ir o van una vez a la semana y firman por toda la semana, por el resto de los días o inclusive había otras situaciones que se constataron, también iban, firmaban y desaparecían del municipio".
Para constatar estas acusaciones, días atrás el secretario General del sindicato se hizo presente "en compañía de una escribana y se constató las irregularidades que estaban denunciando los delegados gremiales". Incluso, el jefe de Personal fue entrevistado y "refirió que había personas que nunca habían ido y sin embargo las planillas se tenían que confeccionar inclusive pagándoles presentismo". Tras su declaración, este funcionario "fue removido del cargo", lo que el sindicato considera una represalia.
La responsabilidad de Atampiz
La denuncia se centra en "la defraudación a la administración pública" y la "adulteración de instrumento público porque todo lo que son las de asistencia que están firmadas por personas que no iban, no corresponden con el contenido". La causa es aún "incipiente", presentada el jueves de la semana pasada, y se está trabajando en una ampliación de denuncia "porque los delegados también siguen aportando más pruebas".
Respecto a la responsabilidad del intendente Juan José Atampiz, la letrada destacó que: "Es como figura principal por la responsabilidad funcional que él está avalando". La justicia penal buscará "constatar las irregularidades que le dé un encuadre típico penal, si considere, para poder atribuirle y llevar adelante el proceso con la imputación directa a él".
¿Puede terminar el intendente destituido?
Además del proceso penal, la abogada confirmó que se iniciará un proceso paralelo con repercusiones políticas. "Existe un proceso paralelo, poniendo en conocimiento del Concejo Deliberante para que se tomen las medidas pertinentes, que se inicie la investigación administrativa de la responsabilidad funcional del intendente". Los ediles tienen la competencia para suspenderlo o destituir al mandatario.
La situación se complica aún más al involucrar a familiares directos del intendente. El gremio SEP viene cuestionando al jefe comunal al sostener que tiene el 75% de los trabajadores de planta en el municipio que no van a trabajar, entre ellos a su esposa y cuñada, según fuentes sindicales.
Sobre el diputado Miguel Atampiz, la abogada indicó que "a él se hará también la presentación en su caso". Aunque reconoció que "tiene fueros de la Legislatura", la intención es que el Ministerio Público Fiscal "avance y se determine la responsabilidad también penal de quienes aparecen como coautores y partícipes necesarios, porque uno solo no puede consumar las conductas que se denuncian como ilícitas".
La letrada señaló que, si bien en principio los delitos podrían ser excarcelables, en juego "hay de los que no son excarcelables". Sin detallar figuras específicas por la etapa incipiente de la causa y el secreto de sumario, dejó entrever que "podría llegar a aparecer si lo estima pertinente el fiscal". Esto, sobre una posible asociación ilícita, figura que suele convertir estos presuntos delitos contra la administración pública en no excarcelables.