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SUSCRIBITEEl Gobierno nacional decidió reducir a la mínima expresión la regulación de las telecomunicaciones. En la provincia, el ente dejará de funcionar formalmente en abril.
El Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), el organismo encargado de regular y garantizar los servicios de comunicación en el país, dispuso el cierre de todas sus delegaciones provinciales a partir del próximo lunes 1 de abril, una medida que podría dejar sin trabajo a unas 300 personas, según fuentes del Gobierno.
En San Juan, según fuentes de jerarquía de La Libertad Avanza, la decisión de Javier Milei impactará contra 13 empleados, de los cuales sólo uno es planta permanente. Una parte de los telegramas que fueron enviados este jueves. La sede local permanece con custodia de la Policía Federal mientras se realiza un inventario de los bienes.
La oficina del Enacom en la provincia es muy bien conocida por La Libertad Avanza. El representante del Presidente en San Juan, el diputado nacional José Peluc, ocupó la dirección del ente durante dos años, del 2019 al 2021.
Al contrario de lo que parece, si bien a Peluc lo acusaron de kirchnerista por aceptar el puesto durante los primeros pasos de la gestión de Alberto Fernández, lo cierto es que su designación respondió al radicalismo nacional.
Luego llegaron las elecciones de medio término del 2021. Peluc estaba en la oposición al gobierno provincial del Frente de Todos y decidió renunciar a la Dirección del Enacom. En su momento, comandó el frente Consenso Ischigualasto, que luego derivó en el armado libertario del 2023.
Ahora, con la firma de Juan Martín Ozores, interventor del Enacom, el Gobierno nacional estableció “un período de transición de 60 días a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las delegaciones provinciales”.
El Enacom realizará estos cierres con “una dotación mínima de agentes” quienes, según el documento oficial, deberán elaborar un “inventario patrimonial actualizado de todos los bienes asignados y radicados en cada una de las delegaciones provinciales”.
A través de esta resolución, que además de Ozores lleva la firma de los interventores adjuntos Patricia Zulema Roldán y Alejandro Fabio Pereyra, el ente da 30 días para “el ingreso de denuncias y demás trámites administrativos”.
Por decisión de Milei el organismo fue intervenido por 180 días a fines de enero. “Es una etapa transitoria pero necesaria para el reordenamiento del organismo”, destacaron desde la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete, cuyo titular es Nicolás Posse.
A fines de agosto de 2020, en plena pandemia, Alberto Fernández firmó un decreto que declaró como servicios públicos en competencia a la telefonía móvil, Internet y la TV por cable, congeló sus precios por un par de meses y puso al Estado como controlante de todas las subas que se iba a dar en adelante.
La medida, fuertemente criticada por las empresas del sector, y llevada a la Justicia en muchos casos, está a punto de ser revertida por otro decreto. La copia está a la firma de Milei y, básicamente, indica que la telefonía móvil, cable e Internet dejarán de ser servicio público y que el Estado ya no autorizará más los precios de los servicios.
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