El gobierno nacional da otro paso atrás, cediendo a presiones opositoras.
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Casualmente, son otra vez las patronales agropecuarias quienes, en alianza con Juntos por el Cambio, vuelven a doblar el brazo del Ejecutivo, como lo hicieron a mediados del 2020, cuando Alberto Fernández había anunciado la expropiación de la cerealera Vicentin, en la provincia de Santa Fe.

Esta vez, como lo anunció la portavoz gubernamental Gabriela Cerruti, el ejecutivo mandó para atrás la decisión de aumentos generalizados en las retenciones a la exportación de cereales, en vista del aumento sideral de los commodities por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, dos fuertes productores de trigo.
La medida se habría ratificado hoy (no oficializado) tras una reunión de tres horas entre el presidente Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el producido iría a financiar la importación de energía, cuyos montos se dispararon por la guerra.
Fue el mismo Guzmán quien hoy, horas después de aquel encuentro y en el Senado, señaló que “no se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos: trigo, maíz, girasol, granos de soja y los demás granos".
De todas formas, como en el acuerdo con el fondo, hay que prestar atención a la letra chica. La portavoz aseguró que en el gobierno se "estudian medidas" relacionadas a la exportación de aceite y harina de soja. Este incremento iría del actual 31% al 33%, lo máximo que le permite la ley en vigencia.
Versiones parlamentarias indicaban que el aumento a las retenciones ya estaba decidido, pero se cayó por la presión del macrismo y sus aliados, que amenazó con quitar el apoyo en el Senado al acuerdo con el FMI.
