Tras el nuevo escándalo con los aumentos de sueldo en directivos del EPRE, presentaron un proyecto de ley para ponerle un límite a las remuneraciones no solo de este organismo sino también a los titulares de entidades centralizadas y descentralizados, empresas, sociedades y agencias del Estado, que tienen alguna vinculación con el Ejecutivo. Dicho proyecto lleva la firma de los diputados Juan Carlos Abarca, presidente del bloque PJ, José Luis Esteve y Rodolfo Jalife.
Tras el escándalo con los sueldos del EPRE, presentaron un proyecto para ponerle un límite a todos los organismos
Entre las justificaciones señalan que los directivos a cargo de estas dependencias poseen funciones y responsabilidades "asimilables" a un ministro, por lo que se pretende que no perciban un sueldo que supere en un 90 por ciento el salario de este funcionario. El proyecto tomará estado parlamentario el jueves 6 de mayo y se tratará el 20 de ese mes.
Ya el Gobierno había anticipando sus intenciones de sacar una ley para poner freno a los aumentos desmesurados de sueldos que salieron a la luz con el presidente del EPRE, Jorge Rivera Prudencio, que además fue echado por el gobernador a raíz de un violento episodio con un periodista. Luego en marzo pasado se puso nuevamente el ojo en el organismo que regula y controla el servicio publico de electricidad en la provincia, cuando se detectó uno nuevo aumento en los salarios de tres directivos que hay en la actualidad. Se trata de Oscar Trad (actual presidente), Roberto Ferrero (hoy vicepresidente) y Cristian Pelusso (exgerente general y ahora primer vocal).
Ante este escenario el diputado nacional Walberto Allende, pidió informes al organismo y se reavivó un viejo debate que se veía dando en la provincia con la posibilidad de sacar una ley para frenar abusos salariales, como el del EPRE, aunque el tema se venía barajando desde enero. Esas promesas se materializaron en el proyecto de ley que fue presentado el pasado miércoles en Diputados, que promete avanzar y sentar un precedente también para otras entidades centralizadas y descentralizados, empresas, sociedades y agencias del Estado, que tienen alguna vinculación con el Ejecutivo.