El Boletín Oficial de hoy vino con novedades: el Gobierno oficializó la creación del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), a través del cual las grandes empresas deberán informar periódicamente la estructura de costos de sus productos.
El sistema será confidencial, y los datos ingresados serán utilizados por la secretaría de Comercio Interior, a cargo de Paula Español.
Aquellas empresas que se nieguen a brindar la información podrán ser sancionadas en el marco de la temida Ley de Abastecimiento, que prevé multas de 500 a 10.000.000 de pesos, que pueden aumentarse hasta el triple de la ganancia obtenida en la infracción; la clausura del establecimiento por hasta 90 días, no pudiendo transferirse el fondo de comercio durante 180 días.
Técnicamente, la decisión fue tomada por el ministerio de Producción que conduce Matías Kulfas, quien develó que "la idea es tener una pintura global de las cadenas de valor y lograr alertas tempranas por parte de las empresas de desabastecimiento".
El sistema apunta a terminar con el "desequilibrio de los precios", producto, muchas veces, de "conductas especulativas".
La resolución tiene efecto inmediato, y en el primer informe las formas deberán precisar entre el 1 y el 10 de abril de este año, precios (uno por producto), cantidades producidas y vendidas, y stock disponible, para los meses de enero, febrero, y marzo.
Luego de esta, cada una se circunscribirá al mes anterior.
Sectores
En una primera etapa el gobierno informó que las empresas que deberán enviar la información corresponden a los rubros: productores de alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza, los químicos y agroquímicos, materiales para la construcción, electrodomésticos, electrónica, alimentos para mascotas y muebles.
Rubros claves como la metalmecánica quedan sujetos a una segunda etapa del proyecto.
Reacción empresarial
Fuentes oficiales señalaron que “no van a estar muy contentos”, refiriéndose a los empresarios afectados por la resolución, y la patria industrial no defraudó:
Daniel Funes de Rioja, titular d lea UIA, declaró que “en el mundo sirve la Ley de Lealtad Comercial, sirve la Ley de la Competencia, sirve la Ley de Defensa del Consumidor. Acá parece que ni se mira ese contexto, sino que hay que poner otros elementos: amenazar con la Ley de Abastecimiento o amenazar pidiendo todo este tipo de datos que, en el caso de la alimentación mayoritariamente ya los tienen".
El dirigente, que consideró esto como “una mala señal”, agregó que “el Ministerio de Desarrollo Productivo ya tiene sus mecanismos. Lo mismo para los aumentos injustificados de precios. No se necesita el SIPRE. Ya hay caminos legales en la normativa vigente, excluyendo la Ley de Abastecimiento".
Martín Cabrales, productor del café homónimo, manifestó su sorpresa “por la medida, que ahora tendremos que analizar. Para las empresas será mayor burocracia en un momento que por el Covid estamos trabajando con menos dotación y hay que ver cuál es el fin del pedido de información, si es estadístico o es para un mayor control, en un momento en que tenemos que pensar en producir, invertir y generar más empleo"
Por qué mil empresas
La cifra es aproximada, y contempla a las empresas que cumplen el siguiente requisito de facturación: 965 millones de pesos en el caso del sector de la construcción; más de $ 2.602 millones en comercios; y $ 2.540 millones en firmas dedicadas a la actividad industrial.
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