El gobierno nacional oficializó la creación de un registro público donde queden asentadas las denuncias efectuada contra jueces y fiscales que no actúen con celeridad y profesionalismo en casos de violencia de género.
La medida, publicada este miércoles en el boletín oficial, fue votada por unanimidad en el plenario extraordinario del consejo de la Magistratura nacional.
El texto de la resolución sostiene que se tomará en cuanta la “vulneración y/o afectación de derechos por actos discriminatorios; inobservancia manifiesta de la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de actos procesales, y obstaculización, mediante retardo o impedimento, en el acceso a la justicia”.