Un fallo de la Corte de Justicia de San Juan evita al EPRE un pago millonario por despidos

Se trata del caso de dos abogados que fueron echados durante la gestión de Jorge Rivera Prudencio (quien condujo el ente desde que se creó en 1995 hasta diciembre de 2020 cuando fue desplazado por Sergio Uñac) y habían planteado en la Justicia despidos injustificados, sin sumario previo. Los profesionales, que habrían tenido una relación tensa con el presidente del EPRE, habían conseguido fallos favorables para ser reintegrados en sus cargos por parte de la Cámara Laboral y si la Corte de Justicia hubiera avalado ese reclamo, hubiera impactado de lleno en la cuentas del organismo de control: Esto, porque en juego están los sueldos de estos empleados que tenían más de 10 años de antigüedad trabajando. Algunas fuentes hablan de 50 millones de pesos. 

Los abogados Martín González y Pablo Moya demandaron al EPRE tras ser echados por Rivera Prudencio argumentando que tenían la misma estabilidad que los empleados públicos, que solo pueden ser removidos de su cargo a través de un proceso administrativo. Incluso González planteó situaciones de acoso laboral. 

Los despedidos obtuvieron sentencias a favor por parte del juez Federico Soria y la Cámara Laboral que ordenaron la reincorporación y el pago de los sueldos no cobrados. Luego, la sala III de la Corte de Justicia local opinó en contrario. Fue un fallo dividido: mientras el cortista Juan José Victoria les dio la razón a los trabajadores, su par Daniel Olivares Yapur y el camarista Mariano Ibáñez definieron que los abogados no tienen estabilidad en el cargo y que el EPRE los puede despedir sin obligación de hacer un sumario previo. 

Un dato llamativo es que este fallo va en contra de uno que se dictó por un caso similar, pero dictado por los antiguos miembros de la Corte de Justicia, que ordenaron al EPRE la reincorporación de la empleada Norma Navarro, entendiendo irregularidades en el despido. Allí también la Fiscalía de Estado fue a la Corte Suprema que rechazó el planteo y confirmó la medida local. Ahora los que irán al máximo tribunal argentino son los despedidos, a intentar revertir el fallo que avala la postura del EPRE.