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SUSCRIBITE En una audiencia clave en la antesala del mega juicio por expropiaciones, un tribunal rechazó la recusación que plantearon las defensas de los imputados y las sancionó con una multa económica por entorpecer el proceso judicial que todavía no llega a la instancia de juicio.
Es que los abogados Edishon Sobelvio, Cayetano Dara y Guillermo Toranzo habían presentado oposición al jurado que presidiría el debate integrado por Martín Heredia Zaldo, Matías Parrón y Silvina Rosso de Balanza.
Además, tendrán que pagar cada uno una suma equivalente al mínimo salario del escalafón judicial, es decir entre 35 y 40 mil pesos.
La decisión fue de los jueces Federico Rodríguez, Alberto Caballero y Ana Carolina Parra, quienes respaldaron al tribunal que definirá los destinos de los ocho imputados.
Esto se dio en un contexto en el que las demoras han sido una constante sobre todo desde que una parte de la causa fue elevada a juicio. Es que los constantes recursos presentados y la burocracia judicial conspiraron con la dilatación de los plazos a tal punto que el comienzo del debate resulta incierto.
Dara y Sobelvio también recusaron a los fiscales Daniel Galvani e Iván Grassi, por lo que la querella encarnada por Rubén Pontoriero -que representa la Fiscalía de Estado- protestó por el accionar de las defensas opositoras y pidió que los abogados sean sancionados.
El grupo de los procesado que esperan por el juicio está integrado por Santiago Graffigna (el abogado procesado como jefe de la asociación ilícita), Ana María Melvin (ingeniera, perito de Fiscalía de Estado), Carlos Macchi (juez destituido por este escándalo), el abogado y socio de la asociación ilícita Horacio Alday, la ex jueza Rosalba Marún y tres peritos que citaba Graffigna: Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Hugo Bustos.
Ante la consulta sobre si se está a un paso del juicio, fuentes judiciales informaron que las defensas que recibieron este miércoles el revés aún pueden recurrir a instancias superiores: primero a Casación de la Corte de Justicia de San Juan y luego a la Corte Suprema.