Para la lucha contra el coronavirus en San Juan, el Gobierno de la Provincia creó un fondo de emergencia para abordar la situación y, en ese marco, el gobernador Sergio Uñac decidió descontar el 30 por ciento de los sueldos correspondientes a marzo y abril de los funcionarios del Ejecutivo por decreto e invitó a los miembros de los otros poderes a unirse a la iniciativa.
La gran incertidumbre: ¿donaron el 30% de sus sueldos los jueces sanjuaninos?
En consecuencia, desde el Poder Legislativo adhirieron a la medida promovida por el mandatario y ello representó que no sólo los ministros, directores y secretarios de las diversas dependencias estatales donaran parte de su salario sino también lo hicieran los 36 legisladores de la Cámara de Diputados y demás autoridades.
En el Poder Judicial los únicos que realizaron el aporte voluntario a la causa solidaria fueron los cinco ministros y el Fiscal General de la Corte de Justicia; del resto de los funcionarios judiciales no hay un registro oficial, según informaron desde prensa del máximo tribunal.
La presidenta de la Corte Adriana García Nieto había manifestado a Diario de Cuyo que se abriría un registro especial con el descuento de los funcionarios que voluntariamente realizaran su aporte a partir de abril y lo que se generaría como ahorro se destinaría a una cuenta bancaria para la administración del Comité.
Si bien desde la justicia advirtieron que no existiría algún tipo de imposición por el principio de la intangibilidad de las remuneraciones que rige, no se sabe a ciencia cierta si hubo personal de jerarquía que destinara un porcentaje de sus ganancias a los esfuerzos del Comité de Emergencia Sanitaria para solventar los gastos que impone la pandemia en las áreas de salud, seguridad y asistencia social, entre otras.
Como ellos mismos habían anunciado que harían, cuando el Ejecutivo tomó la decisión, inmediatamente el Poder Judicial replicó indicando que sus máximas autoridades se sumaban al aporte (esto es ministros de la Corte y fical general) y que invitarían al resto a hacerlo. No quedó claro de qué manera los invitó, por medio de qué instrumento para comunicarlo. Y tampoco, cuántos de esos magistrados aceptaron y recortaron sus ingresos como el resto de los poderes.
Si existe el registro habilitado para tal fin, no fue difundido. El secretario administrativo de la Corte, Javier Vera, fue consultado por este diario y prefirió hacer silencio. También fue consultado el encargado de prensa de la Corte, Gustavo Martínez Puga, quien dijo no haber sido informado sobre este tema.
Desde del Sindicato Unión Judicial San Juan, aseguraron a Tiempo de San Juan que en total son 361 los funcionarios judiciales en la provincia que podrían estar en condiciones de ser parte de la donación de sus sueldos, entre magistrados, fiscales, secretarios y prosecretarios en las cámara y juzgados del fuero Civil, Laboral, de Paz y Penal.
En el universo del Ejecutivo, fueron unos 400 funcionarios políticos los que realizaron el aporte y las únicas autoridades que no tuvieron la reducción son las que desempeñan tareas en Salud Pública y en Desarrollo Humano, acorde explicaron desde el Ministerio de Hacienda. Aquellos integrantes de la planta política que no podían cumplir con la obligación dispuesta por decreto provincial debían presentar una justificación con anticipación, ya que el descuento se daría en forma automática.
De la Legislatura, además de los diputados, el vicegobernador RobertoGattoni -quien además preside el Comité de Emergencia-, los secretarios legislativo y administrativo, como así también secretarios y directores de bloque y asesores tuvieron la rebaja en sus remuneraciones sin presentar objeciones, señalaron fuentes oficiales.
Los intendentes de cinco municipios, Capital, Chimbas, Caucete, Rivadavia y San Martín, imitaron la medida de Provincia al igual que los funcionarios de esas comunas y los integrantes del Concejo Deliberante.
El principio constitucional que impide descuento salarial en la justicia
El principio de la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados es un derecho que establece la Constitución para garantizar la independencia del Poder Judicial y evitar que los otros poderes puedan, por medio de maniobras salariales, afectar esa garantía. Es por esa razón que ninguna normativa puede exigirle a jueces y funcionarios judiciales el recorte, por lo que se invitó a una colaboración voluntaria.