Un juez sanjuanino deberá investigar a los Moyano por los bloqueos a las caleras de 2016

La causa viene del 2016 a partir de las denuncias de las empresas Caleras San Juan, Albors, Cefas, Minera Tea y FGH SA por los bloqueos a sus plantas en Sarmiento y Albardón durante los 26 y 29 de septiembre y entre el 17 y el 24 de octubre de ese año. El Sindicato de Choferes de Camiones exigía el pago de más de 457 millones de pesos en concepto de ajustes salariales y aportes a la obra social y al gremio. Pese a que la protesta paralizó la producción y que la presión fue importante, los empresarios caleros no cedieron y desconocieron esa supuesta deuda. Entre los argumentos, sostuvieron que los camioneros no son empleados directos de las caleras sino que trabajaban para firmas contratadas para el transporte y entonces no les correspondían esos pagos.

En el medio hubo una reunión en Capital Federal para que los empresarios y los Moyano llegaran a un acuerdo. El encuentro para destrabar el conflicto incluso fue promovido por el gobernador Sergio Uñac. Los camioneros bajaron sus pretensiones a 150 millones de pesos para poner fin a la disputa. Sin embargo, no se llegó a nada. Y a consecuencia del último bloqueo, el de octubre, los empresarios caleros formalizaron la denuncia penal contra el gremio de camioneros en el Primer Juzgado de Instrucción a cargo del juez Alberto Benito Ortiz.

En aquel entonces, Pablo Moyano –secretario adjunto- dijo a los medios: “Que hagan las denuncias que quieran, nosotros vamos a seguir luchando. Y esto no pasa solo en San Juan por eso evaluamos un paro nacional en todas las mineras”, concluyó.

La misma situación se dio con otras empresas de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Fuentes judiciales locales explicaron que justamente a raíz de esos otros bloqueos se abrió una causa penal en Buenos Aires, previa a la que se inició en San Juan. Fue por ello que el juez sanjuanino se declaró incompetente y giró las actuaciones a ese otro juzgado, explicó una fuente del caso. Este último juzgado luego también se inhibió y entonces tuvo intervenir la Corte Suprema de la Nación para dirimir a quién le correspondía intervenir.

Ahora se conoció el fallo de la Corte Suprema. En la misma se cita al procurador general interino, Eduardo Casal, quien expresó que “en atención a que los actos con relevancia típica pudieron haber ocurrido en distintas jurisdicciones y que no serían expresión sino de un único hecho en sentido normativo, considero que asiste la razón al juzgado nacional en cuanto a que debe intervenir un solo tribunal, designado por razones de economía procesal”. En ese sentido agrega que “con arreglo a tal criterio, dado que la mayoría de los incidentes relatados tuvo lugar en la provincia de San Juan, en razón de encontrarse allí la mayor cantidad de plantas afectadas por las vías de hecho utilizadas por el sindicato, y teniendo en cuenta que las autoridades judiciales locales ya han prevenido en la investigación de varios de ellos, considero que corresponde al juzgado de San Juan continuar a cargo de la causa que originó la contienda”, concluyó. Con esos fundamentos resolvieron que la causa penal contra Hugo y Pablo Moyano y su gremio debe ser investigada por el juez Alberto Ortiz.