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SUSCRIBITE El 9 de mayo último, tras el escándalo que desató la Corte Suprema de Justicia de la Nación por permitir el 2 x 1 a los represores, Alejandro Lazo había sido noticia nacional: fue el primer caso al que un tribunal federal le negaba ese beneficio por considerarlo inconstitucional. Pero ahora, 11 días después, el represor logró que le dieran la libertad plena. Legalmente fue excarcelado por el artículo 317, inciso 5, del Código Procesal Penal.
Lazo había sido condenado a 10 años de prisión. Por lo tanto, debía cumplir 120 meses de prisión. Es decir que a los 80 meses cumplió los dos tercios de pena, lo que requiere el artículo citado para ser excarcelado en caso de no tener sentencia firme. El Tribunal Oral Federal de San Juan consideró que Lazo reunía esos requisitos, hizo el cómputo y le otorgó la libertad porque consideró que legalmente le corresponde.
El viernes al mediodía Lazo llegó al Tribunal Oral Federal de San Juan acompañado de su familia y de su abogado defensor, Marcelo Fernández Valdez: "Han condenado a un inocente y ahora el verdadero culpable sigue suelto en la calle. Todos saben quién es”, se limitó a decir el abogado. Lazo y sus familiares no hicieron declaraciones a la prensa.
Lazo estaba con prisión domiciliaria desde el año 2011. Antes había estado preso 11 meses, le dieron la libertad y por apelación del Ministerio Público Fiscal de la Nación, lo volvieron a privar de su libertad, aunque ya en su domicilio por razones de salud.
En el primer mega juicio por delitos de lesa humanidad que se hizo en San Juan fue condenado. Eso fue en julio de 2013. Lo encontraron culpable de "tormentos agravados y privación ilegítima de la libertad”. La víctima fue Margarita Camus, nieta del ex gobernador Eloy Camus, quien también cayó preso ilegalmente con el golpe de marzo del ´76.
Esa condena aún no está firme: fue confirmada en la Cámara Nacional de Casación Penal pero está apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En ese juicio a Lazo le dieron 10 años de prisión, una pena baja si se tiene en cuenta que la mayoría de los represores condenados en el país por ese delito fueron a penas de más de 20 años de prisión.