Antes del juicio abreviado que terminó con condenas para el jefe de la banda, la exencargada del Registro Civil de Pocito y otros integrantes de la organización, la investigación federal había alcanzado a una docena de personas. Ahora, con la acusación ya presentada por el fiscal federal Fernando Alcaraz, la Justicia deberá definir la realización de un nuevo juicio oral que buscará establecer la responsabilidad de esos imputados en una maniobra que, según la Fiscalía, utilizó documentos nacionales de identidad obtenidos de manera fraudulenta para concretar estafas millonarias. Ellos son los "presta cara".
La acusación sostiene que existió una asociación ilícita organizada y permanente, activa al menos entre agosto de 2024 y mediados de 2025, dedicada a tramitar DNIs auténticos con datos biométricos falsos para luego abrir cuentas bancarias, solicitar créditos y realizar compras utilizando la identidad de terceros. El Ministerio Público Federal atribuye distintos grados de participación a los 12 acusados y considera que cada uno cumplía un rol específico dentro de la estructura criminal.
Según la reconstrucción de la Fiscalía, la maniobra comenzaba con la solicitud de nuevos DNI a nombre de personas reales. En esos trámites se incorporaban las fotografías y huellas digitales de los propios imputados, mientras se mantenían los datos personales de las víctimas. Los expedientes eran cargados en el sistema del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) desde la oficina del Registro Civil de Pocito y, una vez emitidos los documentos, eran utilizados para concretar estafas mediante préstamos, apertura de cuentas y compras. En algunos casos, las operaciones fueron frustradas porque el sistema biométrico detectó inconsistencias antes de que los documentos fueran entregados.
El eje de la acusación es el delito de asociación ilícita, al que se suman el uso de documento adulterado destinado a acreditar la identidad, estafas, inserción de declaraciones falsas en instrumento público, tenencia ilegítima de DNI auténticos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, estos dos últimos atribuidos específicamente a la exfuncionaria Natalia Lorena Castillo.
Para el fiscal federal, el jefe de la organización fue Rolando Javier Navarro Saide, a quien acusa de haber dirigido la asociación ilícita y le atribuye 34 hechos de uso de documentos adulterados en concurso con estafas, 18 hechos de falsedad ideológica en grado de tentativa y uno consumado. Junto a él aparecen como integrantes de la estructura Rodrigo Javier Navarro Pozo, Marcelo Cardozo y Matías Martínez Villalba.
Uno de los papeles centrales vuelve a recaer sobre Natalia Lorena Castillo, quien se desempeñaba como encargada del Registro Civil de Pocito. Según la acusación, integró la asociación ilícita, cargó los trámites irregulares en el sistema del ReNaPer, participó de las maniobras de falsificación documental, tenía en su domicilio 197 DNI auténticos sin autorización legal e incumplió sus deberes como funcionaria pública.
La acusación también alcanza a Marcos Esteban Vallejos, señalado por siete hechos de uso de documentos adulterados en concurso con estafas; a Analía Edith Rosales, imputada por dos hechos de inserción de declaraciones falsas en instrumento público en grado de tentativa; y a Dayana Sol Castro Cajal, Lucas Alfonso González, Dayana Belén José, Flavia de las Mercedes Vargas y Carlos Fabián Prato, acusados cada uno de un hecho de ese mismo delito por intentar obtener un DNI utilizando la identidad de otra persona.
La nueva instancia judicial llega después del juicio abreviado que concluyó con condenas para los principales integrantes de la organización. En ese proceso, Navarro Saide admitió su responsabilidad y recibió una pena de 5 años y 4 meses de prisión, mientras que Castillo fue condenada a 4 años y 8 meses de cárcel por su rol clave dentro del Registro Civil.
También fueron condenados Rodrigo Javier Navarro Pozo, Marcelo Omar Cardozo y Matías Martín Martínez Villalba, quienes recibieron 3 años y 10 meses de prisión, mientras que Marcos Esteban Vallejos fue sentenciado a 3 años de prisión en suspenso. La investigación determinó que la organización provocó perjuicios millonarios a cinco víctimas, que quedaron endeudadas con créditos obtenidos mediante la utilización de sus identidades.
Aunque la acusación describe el funcionamiento completo de la organización y vuelve a mencionar a quienes ya fueron condenados como parte de la estructura delictiva, el próximo juicio oral estará destinado a resolver la situación procesal de los imputados que aún no tienen una sentencia firme.
En ese debate, el fiscal Alcaraz adelantó que solicitará 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional para Analía Edith Rosales y 2 años de prisión condicional para Carlos Fabián Prato, Dayana Sol Castro Cajal, Lucas Alfonso González, Dayana Belén José y Flavia de las Mercedes Vargas, a quienes atribuye haber prestado su imagen para tramitar documentos de identidad con datos falsificados en maniobras que finalmente fueron detectadas por los controles biométricos del ReNaPer antes de concretar nuevas estafas.
