Seguirá preso el barrabrava de San Martín en la mira por enfrentamientos con otra facción

El Ministerio Público Fiscal, representado por Daniela Pringles, Paula Amarfil y Rodrigo Herrera, solicitó con éxito la prórroga de la prisión preventiva. Entre los argumentos principales, destacaron que el pasado 6 de marzo ya se había extendido la medida por 45 días, basándose en la persistencia de riesgos procesales: peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Un punto crítico en la acusación es el antecedente de Maurín Vargas con el sistema de monitoreo: el imputado rompió su pulsera electrónica mientras cumplía prisión domiciliaria, motivo por el cual se le revocó dicho beneficio. Además, su situación se complica por una causa paralela de mayor gravedad que lleva adelante el fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica.

La defensa y el "pedido humanitario"

El abogado defensor, Jorge Olivera Legleu, cuestionó duramente la estrategia de la fiscalía, tildándola de "trato desleal". Según el letrado, la pena por el delito actual no superaría los seis meses. Explicó que la rotura de la pulsera no fue un intento de escape, sino una urgencia médica. "Nadie podía llevar a su pareja al hospital y lo hizo él", afirmó.

Por tal razón, solicitó la libertad por razones humanitarias, argumentando que Maurín Vargas no conoce a su hija (nacida prematura y recientemente dada de alta) y que su familia necesita que él trabaje para sustentarlas. "El peligro de fuga nunca existió. La pulsera estaba rota, pero él nunca se fue de su casa", sostuvo Olivera Legleu ante el tribunal.

Pese a los argumentos de la defensa y el pedido de excarcelación por cuestiones familiares, la Jueza de Garantías Flavia Allende se alineó con la postura fiscal. La magistrada resolvió prorrogar la prisión preventiva del barrabrava por un plazo de 30 días.