"Se organizaron para mentir": aseguran que la familia del acusado intentó ocultar el ataque

Jonathan Torres, que se encontraba detenido, se presentó ante la magistrado y los fiscales del CAVIG que apuntaron fuerte no sólo contra su persona, sino también contra su familia, a la que señalaron de organizarse para ocultar la brutal agresión. Es que la representante del Ministerio Público, Daniela Pringles, aseguró que "se organizaron para mentir".

Tras proceder con el relato de los hechos que sucedieron el domingo por la madrugada, en el interior de una vivienda situada en Villa Dolores, la fiscal que estuvo acompañada por el fiscal coordinador de la UFI, Roberto Ginsberg, y su ayudante fiscal Francisco Nicolía, destacó la participación del entorno familiar del acusado.

Torres, que quedó imputado por homicidio doblemente agravado (por el vínculo y por violencia de género) en grado de tentativa, fue acusado de agredir a la mujer que lucha por su vida en el Hospital Rawson y de provocarle una lesión, de "entidad mortal y con capacidad de quitarle la vida", en la cabeza.

Según Pringles, al momento del ataque, la víctima se encontraba con su cuñada y hermana del agresor, a quien cuestionó por no prestar auxilio a la mujer que cayó al suelo, tras recibir el golpe de Torres, y sufrió hemorragia en sus oídos. La funcionaria de CAVIG también apuntó contra la suegra de la víctima y madre del atacante y remarcó que ningunas de las mujeres pidieron una ambulancia.

Sostuvo que no le prestaron ayuda de inmediato y que horas más tarde la trasladaron al Hospital César Aguilar, en un automóvil particular. De hecho, la fiscal manifestó que los familiares del violento sujeto le dieron otra versión a la Policía, ya que aseveraron que cuando llegaron al domicilio se encontraron con la mujer inconsciente en el suelo.

"Armaron una historia diferente, se los puede imputar", expresó al mismo tiempo que diferenció a uno de los integrantes del clan, el novio de la hermana del agresor. "Fue el único que prestó colaboración, ya que toda la familia había había organizado la coartada", agregó.

Como la pena que Torres afronta va de 10 a 15 años de prisión, el Ministerio Público solicitó un año de plazo para la Investigación Penal Preparatoria y 4 meses de prisión preventiva. A pesar de que el defensor oficial Alejandro Martín García había requerido que su defendido quedara en libertad y que a lo sumo no se acercara a la víctima, la jueza Chicón le dio lugar a la medida coercitiva más gravosa.