Este viernes, la primera causa contra el sindicalista Mario Matic por dos abusos sexuales tuvo una condena firme. El exsecretario General de La Bancaria tenía el beneficio de la prisión domiciliaria en tanto se revisaba su situación judicial. Pero ahora irá derecho a las instalaciones del Servicio Penitenciario Provincial. Purgará una pena de 7 años. También sigue investigado por otro caso similar.
En mayo del 2023, el sindicalista sanjuanino fue condenado a 7 años de prisión por el tribunal compuesto por Alberto Caballero (presidente), Benedicto Correa y Fernando Echegaray, tras ser considerado culpable por los delitos de abuso sexual simple, en perjuicio de una chica que hoy tiene 23 años, y de abuso sexual gravemente ultrajante en relación al caso de otra joven de 26.
El tribunal colegiado resolvió por unanimidad hacer lugar a lo solicitado por la defensora Carla Manini para el cumplimiento de la prisión preventiva. El juez Caballero dio el OK y argumentó que la decisión de mantener la modalidad de la medida cautelar impuesta (prisión domiciliaria) se sostenía en que no había riesgo procesal.
La situación se alargó porque Matic cambió de abogado. Pasó de Manini al defensor oficial César Oro, que interpuso recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Impugnación. Por lo tanto, continuó preso en su casa. Es un beneficio que mantuvo hasta este viernes.
El mismo Caballero, presidente del tribunal, consultó a la Corte de Justicia de San Juan si había alguna nueva impugnación de la defensa a la sentencia. Al no encontrar ningún recurso presentado, revocó la domiciliaria porque la condena por los dos abusos sexuales quedó firme. El sindicalista irá al Penal de Chimbas.
Entretanto, por el tercer caso en el que está señalado, la vía judicial también aceptó la domiciliaria inicialmente. Luego hubo varias acusaciones sobre el comportamiento del sindicalista. Aparentemente, salía asiduamente de su casa y los vecinos lo habían visto caminando por la zona. Ante esto, la Justicia puso vigilancia constante.
La medida fue dispuesta por la jueza de garantías María Gema Guerrero a pedido del fiscal Raúl Iglesias de la UFI ANIVI y de la abogada Sandra Leveque, que actúa de querellante, en el marco de la causa en la que investigan a Matic por el presunto abuso sexual de una nena.