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SUSCRIBITESegún indicaron fuentes judiciales, la reconstrucción del hecho arrojó un resultado que favoreció a Juan Pablo Echegaray y, por tanto, la fiscalía tendría que correrlo del foco de las sospechas. En audiencia y dadas las circunstancias, el fiscal deberá solicitar el sobreseimiento, al menos, en la cuestión puntual del siniestro fatal.
Como ya lo había anticipado este diario, las últimas horas fueron cruciales para el caso de Lucía Rubiño, ya que la fiscalía obtuvo los resultados del peritaje que se hizo en la reconstrucción de la escena y los mismos desvincularon de responsabilidad a Juan Pablo Echegaray. Es por eso que el fiscal que lo imputó, en un principio, pedirá el sobreseimiento para el hijo del juez federal.
Así lo informaron fuentes allegadas a la causa que se manejó con hermetismo en los últimos días por parte de los actores incluidos, los que habrían consignado un pacto de silencio por respeto a la familia de la víctima, que ya está al tanto de las actuaciones y que, a través de su abogado querellante, analiza qué hacer frente al revés judicial.
Acorde pudo saber Tiempo de San Juan, el trabajo de los peritos del Ministerio Público de Mendoza indicó que la participación del hijo del juez Hugo Echegaray no fue determinante en el siniestro vial que provocó la muerte de la adolescente de 16 años. Iván Grassi obtuvo el dato revelador y, a partir del informe de los especialistas, confirmó que su imputación en el homicidio culposo está descartada. El argumento que esgrimió es que no tiene elementos para acusarlo tras el dictamen de los especialista.
El jueves por la mañana, el fiscal reunió a las partes para ampliar la información que ya había sido remitida tanto a la defensa, como la parte querellante. Según consignaron las fuentes, la defensora Sandra Leveque participó del encuentro, lo mismo que los peritos mendocinos; no así el querellante Marcelo Fernández, quien estaba impedido de asistir por razones personales.
Lo cierto es que en esa reunión, se habrían expuesto un listado de cuestionamientos de la querella a la pericia, los que envió por escritos, punto por punto. Los mismos habrían sido contestados, aunque sin demasiado sentido porque la parte interesada no estaba.
Por otro lado, aún hay dudas sobre lo que pasará con la otra imputación que el fiscal le endilgó a Echegaray por correr picadas. Es posible que mantenga la acusación por el delito establecido en el artículo 193 bis, el cual impone la pena de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena a quien creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad.
En este escenario, Grassi deberá remitir a las partes el pedido de sobreseimiento y lo que defina con la otra imputación y, si alguna de ellas se opone al requerimiento, como es previsible que suceda con la querella, la resolución pasaría a manos del otro fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena. El mismo tendría que evaluar lo resuelto y también ofrecer una opinión que respalde o descarte lo considerado por su colega.
En caso de avalar el dictamen, se procedería con la audiencia con el juez de Garantías Federico Rodríguez, quien dictaría el sobreseimiento. Para esas alturas, el querellante Fernández se vería forzado a acudir al Tribunal de impugnación.
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