La investigación por las falsificaciones de DNI en el Registro Civil de Pocito destapó el accionar de una presunta banda sanjuanina que robaba identidades y cometía estafas millonarias. A tres meses de que estallara el escándalo, que tenía como procesada a una encargada de esa oficina pública y a tres hombres, la causa sumó a otros ocho imputados. Además, se conocieron las denuncias de tres ciudadanos bonaerenses y una santafesina que descubrieron que habían utilizado sus nombres para cometer estafas, que alcanzaron la cifra de 120.000.000 pesos, según revelaron fuentes del caso.
Los nombres de los 8 nuevos imputados en el caso de los falsos DNI y la trama de las estafas por $120.000.000
Este jueves, el fiscal Fernando Alcaraz amplió la imputación contra siete personas más en la causa por los DNI falsos en el Registro Civil de Pocito. Otra fue capturada este mismo miércoles. También reveló que detectaron 22 intentos por falsificar documentos y las denuncias de cuatro ciudadanos de otras provincias que fueron víctimas de estafas.
Todos esos detalles fueron expuestos este miércoles por el fiscal federal Fernando Alcaraz, quien amplió el objeto de investigación e imputó cargos que van desde insertar declaraciones falsas en un documento, falsificación ideológica, falsificación de documento público hasta estafas y asociación ilícita, alcanzando a once implicados hasta la fecha. La audiencia duró más de tres horas y pasó a un cuarto intermedio para este viernes.
El caso fue alertado por el RENAPER (Registro Nacional de las Personas) a partir de la denuncia de un ciudadano de Tandil, Buenos Aires, quien en diciembre último descubrió que el DNI que poseía había sido dado de baja y que alguien había tramitado un triplicado de ese documento en Pocito, San Juan. Eso no fue todo, también supo que tenía deudas por 11.412.000 pesos por créditos y préstamos obtenidos a su nombre en San Juan.
La causa cayó en manos del fiscal Alcaraz, que siguió la pista de ese documento trucho otorgado en San Juan y el 30 de junio último allanó la delegación Pocito del Registro Civil, al mismo tiempo que realizó otros procedimientos. Allí detuvieron a Natalia Castillo, encargada de tramitar los DNI, y secuestraron 162 documentos en su domicilio. También apresaron a Rolando Javier Navarro Zaide, su hijo Rodrigo Navarro Pozo y Marcos Esteban Vallejo. El primero de ellos, apodado “El Narigón”, cumplía prisión domiciliaria y, según sus antecedentes, ya había enfrentado trece causas por delitos de estafa.
En ese entonces, el juez Leopoldo Rago Gallo procesó y ordenó la prisión preventiva para Natalia Castillo, mientras que dispuso la excarcelación de Vallejo y Navarro Pozo, previa caución real de 1.500.000 y 500.000 pesos, respectivamente. En el caso de “El Narigón” Navarro Zaide, resolvió que continuara con detención domiciliaria.
La investigación continuó en los meses siguientes y aparecieron otros involucrados, más falsificaciones y nuevas maniobras fraudulentas. En la audiencia de este miércoles, el fiscal Alcaraz imputó a otras siete personas como partícipes de la maniobra o miembros de la banda delictiva. Se trata de Marcelo Cardozo, el empresario Carlos Fabián Pratto, Lucas Alfonso González, Flavia de las Mercedes Vargas, Analía Rosales, Daiana Castro y Belén José, según revelaron ligadas a la causa. Excepto Cardozo, el resto de los sospechosos comparecieron en libertad al Juzgado Federal, en compañía del defensor oficial Sergio Herrero y la abogada María Filomena Noriega, entre otros letrados.
Quienes no estuvieron presentes en esta audiencia fueron Rolando “El Narigón” Navarro Zaide y su hijo Rodrigo. Una fuente judicial señaló que fueron buscarlos a sus domicilios en Chimbas y no dieron con ellos. Podrían declararlos prófugo en las próximas horas. También faltó Martín Martínez Villalba, quien estaba prófugo y fue detenido al mediodía de este mismo miércoles por personal de Gendarmería de San Juan. Este hombre también es señalado como un cabecilla de la organización.
El fiscal federal apuntó contra Marcelo Cardozo y Martínez Villalba como los cabecillas junto a Castillo y los Navarro, en función a las pruebas reunidas hasta la fecha. Expuso que existen escuchas telefónicas que los vinculan directamente con Rolando Navarro Zaide en la organización y la concreción de las supuestas estafas. Por otro lado, indicó que hay otras comunicaciones entre Cardozo y Castillo, en las que el primero le dice a la empleada del registro que le llevará más personas para tramitar los DNI y que le pagaría 400.000 pesos por cada una, según una fuente del caso, afirmaron.
El supuesto rol que les atribuyen a Carlos Pratto, Lucas Alfonso González, Flavia de las Mercedes Vargas, Analía González, Daiana Castro y Belén es el de haberse prestado para obtener los documentos falsos, explicó una fuente. Estas personas, con el amparo de Castillo, habrían tramitado los documentos apócrifos a nombre de ciudadanos de otras provincias en el Registro Civil de Pocito. Pusieron sus rostros y sus huellas dactilares para duplicar o triplicar esos DNI, señalaron. A todos ellos les imputarían el delito de insertar declaraciones falsas en un documento público.
El funcionario reveló que el RENAPER detectó veintidós casos de documentos que empezaron a tramitarse como parte de esta maniobra y que no llegaron a entregarse porque los frenaron a tiempo. Por otro lado, se constató que a otras cuatro personas -fuera de la primera víctima- les duplicaron los documentos y que resultaron víctimas de las estafas cometidas por la banda sanjuanina. Una de esas personas descubrió una deuda de 45.000.000 pesos por créditos en casas de comercios y préstamos de financieras y bancos que nunca solicitó, pero que obtuvieron con su DNI. Otra, también de Buenos Aires, aseguró que usaron su documento y la endeudaron en más de 45.000.000 pesos, aseguraron las fuentes. Una tercera recibió dos embargos por deudas por 30.000.000. Y la cuarta es una mujer de Santa Fe que no pudo votar en las últimas elecciones de su provincia porque le dijeron que el documento que portaba no estaba vigente.