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SUSCRIBITEAsí lo resolvió la jueza de Garantías Gema Guerrero, quien rechazó los pedidos de probation -que habían ofrecido dos imputados- y de sobreseimiento -que solicitó el restante- y cerró la investigación. Los tres imputados, ex autoridades del CEF N° 20, están sospechados por peculado y administración fraudulenta.
A más de dos años de que estallara el escándalo por los alquileres ilegales en La Granja, la causa fue elevada a juicio por decisión de la jueza de Garantías Gema Guerrero, quien rechazó el pedido de probation que habían hecho dos defensas y de sobreseimiento que hizo el imputado restante. Así, dio cierre a la investigación y el caso se dirimirá en juicio oral y público.
Miguel Jofré, Daniel Samat y Mario Sanz están acusados por el delito de peculado y administración fraudulenta por alquilar la cancha de hockey del CEF Nº20 y sus instalaciones durante tres años y quedarse con el dinero de la recaudación. En ese sentido y para evitar la continuidad del proceso, los dos últimos habían propuesto una suspensión de juicio a prueba, con una reparación integral de 250 mil pesos y tareas comunitarias.
Por su parte, Jofré, a través de sus abogados Franco Montes y Marcelo Fernández, había impulsado el sobreseimiento ya que sostenía su inocencia. Sin embargo, la magistrado no dio lugar a los pedidos, clausuró la etapa de instrucción y elevó la causa a juicio.
El Ministerio Público, representado por Francisco Micheltorena y César Recio, sostuvo la acusación contra los imputados y, por tanto, pidió 5 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. A Jofré y a Samat se les endilgan los delitos en calidad de autores, en tanto que a Sanz lo apuntan por participación necesaria en el delito de abuso de autoridad.
Quienes se sientan en el banquillo de los acusados fueron denunciados en agosto de 2022 por la nueva comisión directiva del CEF Nº20, por los supuestos negocios que hicieron con el alquiler de las canchas, durante 2019 y 2021. Se estima que habrían sacado provecho del bien del Estado y que la suma recaudad ascendería los 5 millones de pesos.
Del proceso también participan como querellantes, en representación de la Fiscalía de Estado, los letrados Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo, dado que la Administración Pública habría sido la damnificada en toda esta cuestión.