Lo acusan de robar energía por $489.000.000 a Naturgy y él se defendió: "Para mí estaba todo de diez"

Leginaldo De Oliveira, el empresario extranjero, y Enzo Sebastián Salinas, el empleado de la empresa eléctrica Disei, cayeron presos entre el martes y miércoles últimos y este viernes fueron llevados a Tribunales ante el juez de garantías Federico Rodríguez. La fiscal Claudia Salica y la ayudante fiscal Verónica Prividera, de la UFI Delitos contra la Propiedad, atribuyeron al operario los delitos de encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad -tres hechos-, hurto en grado de tentativa y defraudación en la administración de bienes ajenos, mientras que al brasileño le imputaron encubrimiento por receptación -tres hechos- y hurto de energía eléctrica, también en concurso real. En la causa también fueron apresados Héctor Gastón Morán Herrera y Leonel Amin Correa Julio, pero actualmente se encuentran en libertad.

En la audiencia de formalización también estuvieron los abogados defensores Claudio Vera y Alejandra Iragorre por parte de Salinas, y la abogada María Filomena Noriega, en representación de Oliveira. Los que más difícil la tuvieron fueron los defensores del operario, que se opusieron a la prisión preventiva de su cliente y finalmente consiguieron que el juez le concediera la detención en comisaría por los próximos 45 días y no lo enviara al penal de Chimbas. Si bien sus abogados pidieron la libertad, no lo ayudaron los días que estuvo prófugo.

La situación del brasileño fue distinta, dado que la abogada Noriega puso de relieve que su cliente siempre colaboró con los procedimientos judiciales, suministró información y hasta aportó su teléfono para extraer datos. Y si bien tiene la radicación en el país y eso lo pone en situación irregular, acreditó que posee familia, propiedades y empresas en San Juan y Mendoza. Por esa razón, el juez finalmente le otorgó la libertad y ciertas reglas de conducta que deberá cumplir durante los próximos seis meses y mientras se realice la investigación penal preparatoria. El magistrado dispuso, además, que no se retiren los postes, el tendido ni los transformadores de la finca hasta que se terminen las pericias y se establezca su origen.

La Fiscalía sostuvo que la maniobra salió a la luz el 25 de febrero pasado, cuando se denunció la sustracción de un transformador en 25 de Mayo. Según la imputación, Salinas, encargado de una empresa contratista, retiró el equipo con operarios a su cargo y una grúa contratada, pero al ser advertido ordenó devolverlo e instalarlo nuevamente para encubrir la maniobra. Ese hecho encendió la investigación.

A partir de ese episodio, los investigadores de la UFI llegaron hasta la finca Pujol, en Punta del Agua, propiedad del brasileño Oliveira, donde encontraron tres transformadores más pertenecientes a Naturgy que habían sido sustraídos entre 2023 y 2024.

En el predio también detectaron un tendido eléctrico de unos 3.150 metros, con postes, cableado y otros materiales de la empresa distribuidora, algunos removidos de la red pública y otros en estado nuevo. Ese sistema estaba conectado de forma clandestina a la red de media tensión y se utilizaba para abastecer de energía la finca, principalmente para riego y extracción de agua, sin medición ni autorización, lo que generó un perjuicio estimado en más de $489.000.000. Ese es el perjuicio económico que estimó Naturgy producto del hurto de energía en la finca de Oliveira en los últimos cuatro años, dado que constataron que los transformadores funcionaban y estaban conectados al tendido eléctrico, pero no se pagaba por ese servicio.

Para la Fiscalía, Salinas fue quien ejecutó la maniobra aprovechando su función para desviar materiales y montar la conexión ilegal, mientras que Oliveira fue el beneficiario, ya que habría contratado los servicios del operario para que le consiguiera esos transformadores y llevara energía a su propiedad. El mismo empresario aseguró que pagó al empleado de Disei la suma de $5.000.000 por cada equipo transformador y otros $4.000.000 para el tendido.

En la audiencia, el único que habló fue el propio Oliveira, quien buscó dar una explicación y despegarse de todo. El empresario aseguró que siempre pensó que todo era legal: “Si cometí algún delito, lo cometí sin saberlo. Para mí estaba todo de diez. No iba a poner en riesgo todo mi proyecto y una finca de dos mil quinientas hectáreas por un transformador de cinco millones. Para mí fue una sorpresa los allanamientos. Y, sobre mi situación en el país, para mí la residencia estaba bien”, señaló en su exposición. Sin embargo, no explicó por qué no pagaba el consumo de ese tendido eléctrico ni el uso de los tres transformadores dentro de la finca.