Internación forzada para el empleado judicial acusado de fraude: se resistía a cumplir la medida por su cuenta

La jornada estuvo marcada por la comparecencia de los miembros de la Junta Interdisciplinaria, quienes debieron aclarar puntos que resultaban contradictorios en sus informes preliminares. Según explicó el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía, el nudo del conflicto radica en la falta de adherencia de Marinelli a su tratamiento médico.

"El acusado no asume su enfermedad y no se somete al tratamiento. Incluso manifestó explícitamente que no iba a realizarlo", detalló el fiscal Nicolía a la salida de la audiencia.

A pesar de esta resistencia, los especialistas médicos fueron claros: si bien Marinelli padece una patología, esta no le impediría afrontar el proceso judicial siempre y cuando se encuentre estabilizado. El problema reside en que el acusado se niega a tomar la medicación, un factor fundamental para su funcionamiento diario y su capacidad de comprensión frente a un debate legal.

Ante este escenario, el magistrado Sanz dispuso que Marinelli sea trasladado al Hospital Marcial Quiroga para una internación que se extenderá, en principio, hasta el próximo 8 de mayo. El objetivo es garantizar que reciba el tratamiento farmacológico necesario y logre la estabilidad clínica.

Durante este período, los médicos tratantes deberán confeccionar un nuevo informe detallado. Con esa pieza clave sobre la mesa, el tribunal determinará si el debate puede reanudarse. El 11 de mayo sería la fecha prevista para retomar la audiencia y definir si el imputado es apto para el juicio.

La medida que paralizó el inicio del debate fue impulsada originalmente por el defensor oficial César Oro, quien solicitó la intervención de la junta interdisciplinaria para evaluar a su asistido.

Asimismo, la defensa solicitó que las audiencias se desarrollen sin la presencia de la prensa, argumentando la protección de la intimidad del acusado dada su condición de salud. Esta petición no contó con la oposición de la fiscalía y fue finalmente convalidada por el juez Sanz, por lo que el proceso continuará a puertas cerradas una vez que se retome la actividad el próximo 11 de mayo.