Insólito: el empresario Storniolo fue acusado de falsificar documentos para librarse del proceso

El hombre que recuperó la libertad el 28 de noviembre de 2025 volvió a caer tras las rejas con prisión preventiva y, por ello, este miércoles se sentó frente al juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi con custodia policial y esposas. Acompañado por su mujer, Patricia Nacif, también imputada en la causa, conoció los detalles de la nueva sospecha que recae sobre sus espaldas.

El representante del Ministerio Público explicó que recibió distintas propuestas de reparación por parte de Storniolo, que contemplaban la finalización de obras en un plazo de 90 días, con respaldo de informes elaborados por el arquitecto Pablo Navarro, quien además habría intervenido en la aprobación del final de obra. Sin embargo, los documentos habría sido irregulares.

Acorde dejó entrever la fiscalía, las propuestas iban a ser evaluadas en conjunto con los damnificados, pero el testimonio del arquitecto Navarro cambió los planes. Según se dijo, el profesional desconoció la autoría de los informes presentados, aunque reconoció que la firma inserta en los documentos le pertenecía.

Ello habría puesto tras las cuerdas al empresario, pues se generaron sospechas sobre la autenticidad de la documentación y, por ese motivo, la fiscalía acusó a Storniolo de haber presentado documentos de reparación apócrifos y de haber logrado su homologación mediante engaños.

La causa fue encuadrada bajo la posible comisión de delitos vinculados al uso de documento falso, por lo que el fiscal Gallastegui solicitó la prisión preventiva para el imputado hasta la finalización de la investigación por ese nuevo delito. Esto sucedió en el comienzo de la audiencia, por lo que acto seguido su abogado Javier Cámpora se opuso de inmediato a ello.

Storniolo, primero, estuvo en prisión efectiva -desde octubre de 2024- y más tarde bajo arresto domiciliario -desde diciembre de ese mismo año-, aunque siempre estuvo vinculado, junto a otros nueve imputados, a la mega causa que presenta un volumen y una complejidad importante.

La causa investiga una supuesta red de empresas y 10 imputados vinculados a la venta irregular de lotes y barrios que nunca se concretaron. El perjuicio económico estimado supera los $2.700 millones, según fuentes judiciales. Primero fueron imputadas tres personas: Héctor Storniolo, su esposa Patricia Nacif y Juan Gallerano La Hoz.

Luego, se le sumaron otras siete. Diego Reta, Mariana Pérez Bedini, Federico Salinas y Ricardo Sánchez Montilla; cuatro personas que venían en calidad de detenidos. Y otros tres que comparecieron en libertad: Orlando Rueda, Adela Rueda y Rosa María del Valle Storniolo.

Para resguardar los bienes y garantizar una eventual reparación a las víctimas, la Fiscalía mantiene vigentes varias medidas patrimoniales, entre ellas, inhibiciones generales de bienes, anotaciones en el Registro Inmobiliario, prohibición de innovar y anotaciones de litis para advertir a potenciales compradores que determinados inmuebles están bajo investigación penal.