Imputan por homicidio culposo a los dueños del departamento donde se desató la triple tragedia

Se trata de José Oscar Muñoz y su pareja Teresa Isabel Scalise, quienes son los propietarios del inmueble que no contaba con ningún tipo de habilitación y, sin embargo, lo ofrecían para alquilar. Acorde manifestó el Ministerio Público, representado por Iván Grassi y sus ayudantes Victoria Martín Y pablo Gómez, por no cumplir con las reglamentaciones vigentes en la instalación de gas, se produjo la fatalidad.

En una audiencia en Tribunales, la investigación que habían iniciado los funcionarios de la UFI de Delitos Especiales se formalizó cuando el juez de Garantías, Alberto Ramón Caballero, los imputó por el delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas, en calidad de coautores.

Las personas que perdieron la vida en la unidad funcional, que se ofrecía por 7 mil pesos el día, fueron identificadas como Yeni Narváez y Sasha Dubois, mientras que la tercera víctima fue una menor de 17 años. En el departamento, las tres chicas murieron por "asfixia tóxica por monóxido", según señalaron los tres informes de autopsias que se realizaron a los cuerpos en la Morgue Judicial.

Los representantes de la fiscalía establecieron que ni la instalación ni la ventilación, ni los artefactos en el sitio que se alquilaba cumplían con las normas correspondientes y tampoco contaban con los permisos para la actividad que allí se desarrollaba. Indicaron que no sólo no contaban con la habilitación de alquiler por parte del Ministerio de Turismo, sino que en la Dirección de Planeamiento no figuraba la construcción.

Es que se trata de la cochera de un casa que había sido dividida en tres unidades funcionales, las que habían sido adaptadas como pequeños departamentos. "Se han valido de un beneficio económico de un inmueble que no tenía habilitaciones", sostuvo Grassi al mismo tiempo que agregó: "Crearon un peligro incumpliendo las leyes".

Por todo lo expuesto, la fiscalía pidió 5 meses de Investigación Penal Preparatoria y medidas coercitivas para que los implicados se sometan al proceso penal, sin entorpecer la instrucción. Sin la oposición del abogado defensor, Andrés Bertagna, el juez de Garantías aceptó lo solicitado y dio por formalizada la causa.