Después de que los abogados que representan a los denunciantes cuestionaran el traspaso de la causa de Global Market a la Justicia Federal, tras la declaración de la incompetencia, el juez de Impugnación desestimó el planteo por considerar que no estaban legitimados a intervenir en esta etapa del proceso y, como consecuencia, el expediente judicial pasó al fuero federal.
Según informaron fuentes judiciales, el magistrado Daniel Guillén señaló que, en la etapa preliminar de la investigación, la parte querellante no tiene facultades recursivas, ya que recién pueden intervenir una vez que se formaliza la Investigación Penal Preparatoria. Así lo establece el Código Procesal y, por esa misma razón, había rechazado los primeros cuestionamientos que hicieron.
En aquella oportunidad, los querellantes -que formalmente aún no se hacen parte de la causa- se quejaban porque no se había concedido la prisión preventiva para los denunciados, Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada. Con ese mismo argumento, el juez del Tribunal de Impugnación declaró mal concedido el recurso por el juez de Garantías, Javier Figuerola, y denegó la posibilidad de que ello se discuta. Es que las medidas coercitivas se pueden otorgar una vez formalizado el proceso.
Así las cosas, la causa marchó directo a la Fiscalía Federal que ahora deberá analizar si corresponde la competencia o no. Si bien hubo abogados que allí hicieron una presentación y la misma fue rechazada, se entiende que con los argumentos esgrimidos por el fiscal Nicolás Alvo, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, podrían tener mejor efecto.
El representante del Ministerio Público solicitó el cambio de competencia al entender que la maniobra investigada podría involucrar delitos de carácter federal, entre ellos presunto lavado de activos e irregularidades vinculadas al sistema financiero nacional. Esa postura fue avalada por el juez de Garantía, quien ordenó el envío del expediente a la Fiscalía Federal.
El freno llegó cuando algunos querellantes se opusieron a este traspaso y el expediente derivó a Impugnación, que acaba de dictaminar el envío al Ministerio Público Federal.
Hasta el momento se contabilizan al menos 23 denuncias y los perjuicios denunciados superan los 3.000 millones de pesos, aunque algunas estimaciones privadas elevan las pérdidas a varios millones de dólares.
La causa tiene bajo la lupa a los responsables de Global Market Valores y GMI Inversiones. Según la teoría presentada por la fiscalía durante las audiencias realizadas en mayo, los inversores habrían sido inducidos mediante engaños a autorizar operaciones que no se correspondían con sus perfiles de riesgo y cuyos fondos habrían sido desviados hacia empresas vinculadas a los propios investigados.