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SUSCRIBITELa Fiscalía aseguró que los supuestos delitos cometidos no afectan ningún interés federal y, por ello, indicó que debían ser investigados por el fuero provincial. Curiosamente, mencionó la causa que cursa en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, desconociendo que desde esa misma unidad pidieron cambiar la competencia.
Mientras continúa sin definirse qué fuero investigará la presunta megaestafa de Global Market, la Justicia Federal dio una señal que agrega un nuevo capítulo a la disputa de competencias: rechazó dos denuncias presentadas directamente ante la Fiscalía Federal al considerar que los hechos denunciados no afectan ningún interés federal y, por lo tanto, deben ser investigados por la Justicia provincial.
La decisión fue adoptada por el fiscal federal Fernando Alcaraz a partir de una denuncia presentada por una inversora que acusó a Global Market Valores S.A., otras firmas vinculadas y varios directivos por presuntas maniobras de estafa, administración fraudulenta y abuso de confianza. Según la denunciante, mantenía una relación comercial de más de diez años con la empresa y advirtió operaciones financieras que, aseguró, nunca autorizó, además de la aparición de una deuda millonaria derivada de cauciones bursátiles.
Sin embargo, al analizar el caso, el representante del Ministerio Público Fiscal Federal concluyó que los hechos relatados no encuadran dentro de los supuestos excepcionales que habilitan la intervención de la Justicia Federal.
En su resolución, Alcaraz sostuvo que "las circunstancias fácticas expuestas en la denuncia no afectan ningún interés federal" y remarcó que la hipótesis planteada se refiere a operaciones comerciales entre particulares y a una eventual afectación de derechos patrimoniales individuales. También destacó que no se verificó ningún perjuicio al patrimonio nacional, a la seguridad del Estado ni a instituciones federales.
Por esa razón, dispuso remitir las actuaciones a la UFI de Delitos Informáticos y Estafas de San Juan para que continúe la investigación.
Lo llamativo de la resolución es que el fiscal federal citó expresamente la existencia de una causa en trámite ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Nicolás Alvo, y señaló que allí se investigan hechos similares a los denunciados por la inversora.
Esa referencia genera una situación paradójica. Semanas atrás, fue precisamente esa unidad fiscal provincial la que sostuvo que los hechos investigados excedían la competencia ordinaria debido a la posible existencia de delitos económicos complejos, como intermediación financiera no autorizada. Sobre la base de ese planteo, el juez de Garantías Javier Figuerola se declaró incompetente y ordenó remitir el expediente principal a la Justicia Federal.
La postura de Alcaraz parece ir en sentido contrario. Para el fiscal federal, los hechos denunciados no presentan elementos que justifiquen la intervención del fuero de excepción y, por ello, deben permanecer bajo la órbita provincial.
La resolución se conoce en momentos en que la causa principal atraviesa un conflicto de competencia. La decisión de Figuerola de enviar el expediente al fuero federal fue impugnada por los abogados querellantes que representan a un grupo de damnificados. Los letrados sostienen que la maniobra atribuida a Global Market consiste en una serie de estafas reiteradas, delito cuya investigación corresponde a la Justicia provincial.
Como consecuencia de esa impugnación, el expediente quedó momentáneamente paralizado hasta que el Tribunal de Impugnación resuelva la controversia. El juez Daniel Guillén deberá escuchar los argumentos de las querellas, de la UFI que promovió el cambio de competencia y de las defensas de los imputados antes de decidir si la investigación continuará en San Juan o si finalmente pasará a la Justicia Federal.
Mientras tanto, las recientes decisiones adoptadas por la Fiscalía Federal parecen fortalecer la postura de quienes sostienen que el caso debe seguir siendo investigado en la provincia, al menos mientras no aparezcan elementos que permitan acreditar una afectación concreta a intereses federales.
No obstante, un detalle podría resultar alentador pues el fiscal Alcaraz se habría referido a denuncias aisladas. Ello contrastaría con lo expuesto por el fiscal Alvo, que indicó que los imputados, Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada, incurrieron en lavado de activos, manipulación de mercado e intermediación financiera no autorizada. Esas tres figuras son competencia del fuero federal, dado que el bien jurídico protegido que habría sido vulnerado fue contra el orden económico y financiero.