Giro en el juicio al cirujano: piden investigar a la directora del Hospital César Aguilar de Caucete por encubrimiento

Tras haberse ausentado sin justificación en la jornada del martes, Martínez compareció finalmente ante el tribunal presidido por el juez Alberto Caballero. Sin embargo, su testimonio, lejos de aportar claridad, generó un fuerte rechazo en las partes acusadoras. Según fuentes judiciales, la profesional incurrió en reiteradas negaciones y reticencias ante las preguntas del fiscal Nicolás Schiattino y la abogada querellante, Josela María Echegaray Moya.

El punto de mayor tensión se produjo cuando Martínez justificó la falta de sanciones administrativas contra Furlotti Barassi. La directora afirmó que no había iniciado un sumario debido a que consideraba que el pedido de dinero a un paciente en un hospital estatal “fue un error, eso no es un delito”. La sorpresa en la sala aumentó cuando, al ser consultada por tecnicismos básicos de su profesión y del caso, la funcionaria llegó a declarar que desconocía qué era un "hilo de sutura".

Ante lo que consideraron una maniobra de protección, la querella -con la adhesión inmediata de la fiscalía- adelantó que en los alegatos pedirá que se remitan las actuaciones para investigar a Martínez por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El caso principal

El proceso central busca determinar la responsabilidad penal del cirujano Furlotti Barassi, acusado de estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación sostiene que el médico le exigió la suma de $250.000 a un paciente, Axel Fabián Marinero (34), para operarlo de una rotura del tendón de Aquiles.

Dicha intervención se realizó el 6 de noviembre en el hospital de Caucete, una institución de gestión estatal donde, por ley, todas las prestaciones e insumos son gratuitos. La prueba de cargo fundamental presentada por el Ministerio Público Fiscal incluye, los registros de chats donde se coordinaba el pago; los comprobantes de transferencia bancaria desde la cuenta de la víctima (Naranja X) hacia la cuenta personal del cirujano (Mercado Pago), entre otras.

Si bien la causa penal se centra en la estafa, el trasfondo es muy grave: Marinero falleció cuatro días después de la cirugía por un ataque cardíaco. Aunque el médico fue desvinculado de la responsabilidad por el deceso -al comprobarse que el paciente no había seguido el tratamiento anticoagulante-, la denuncia de la familia sobre el cobro ilegal activó la actual causa judicial.

La fiscalía, representada por la UFI Delitos Especiales, ha mantenido un pedido de pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional y 6 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Con el pedido de investigación sobre la directora Martínez, el tribunal no solo deberá fallar sobre la conducta del cirujano, sino que ahora queda bajo la lupa el funcionamiento institucional.