El dueño de una conocida juguetería sanjuanina, Víctor Di Luciano, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegítima de la misma, aunque quedó en libertad. Si bien la fiscalía solicitó prisión preventiva, la defensa planteó medidas menos gravosas y el juez de Garantías le dio lugar.
Según trascendió de la denuncia que se radicó en la UFI CAVIG, el empresario fue acusado de violentar a la mujer con la que mantuvo una relación de varios años, en la que la habría sometido física y sexualmente. Fue por ello que, ante el escenario, las autoridades resolvieron la detención inmediata del propietario de Puerto Libre.
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Así quedaba en libertad el contador acusado de abuso y violencia
Fue así que antes de las 72 horas de la aprehensión, el caso se formalizó este jueves al mediodía en Tribunales. El apuntado, que estuvo defendido por Marcelo Fernández y Franco Montes, negó las sospechas que recaen sobre sus hombros e incluso declaró frente al juez Eugenio Barbera.
A pesar de que la fiscalía, representada por Daniela Pringles y Francisco Nicolía, hizo referencia a diversos episodios en los que la presunta víctima habría sufrido en manos de Di Luciano, siendo amenazada con un arma, el hombre de negocios -que pudo abstenerse a expresarse- rompió el silencio y aseguró que nada de eso era cierto.
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El juez de Garantías Eugenio Barbera
En su defensa personal, el profesional que proviene de una conocida familia sanjuanina aseguró que la denunciante lo había amenazado antes de hacer la denuncia. Fue por ese motivo que dijo que él mismo entregó su teléfono celular para que fuera revisado por la justicia y se constataran sus dichos. Acorde aseveró, la prueba está en los mensajes que la mujer le habría enviado.
Di Luciano fue imputado por tenencia ilegítima de arma de fuego, después de que en un allanamiento en su domicilio, cuando lo fueron a detener, las autoridades le encontraran una pistola cuya procedencia no pudo explicar.
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A la izquierda, los defensores de Di Luciano, Fernández y Montes y, a la derecha, la fiscal de CAVIG Pringles y sus ayudantes fiscales
La Investigación Penal Preparatoria fue determinada por el término de un año, tiempo en el que el imputado no podrá acercase a la denunciante ni mantener contacto con ella.