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Presunto fraude

Era chofer del Estado, fue condenado por violador y estando preso llegó a cobrar $6,5 millones

Fue detenido en octubre de 2021 por abusar de una niña y un tribunal lo condenó en mayo de 2022. Todo ese tiempo cobró, incluso hasta septiembre de 2023.

Por Redacción Tiempo de San Juan

A ocho meses de la denuncia del Ministerio de Desarrollo Humano, abrieron formalmente la investigación contra el exchofer del Estado que fue condenado por abusar de una niña y que siguió cobrando sus haberes mientras estaba preso. Estiman que percibió sueldos durante veintitrés meses y que alguien cercano suyo extrajo del cajero esos montos, que ascienden a más de 6.500.000 millones.

Para el fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Agustina Pérez, de la UFI Delitos Especiales, si se actualizan esas cifras el perjuicio es de más de 12 millones y el principal sospechoso de la maniobra es Julio Orrego. Por eso mismo pidieron este martes ante el juez Juan Gabriel Meglioli que imputen formalmente a este hombre del delito de fraude en perjuicio del Estado.

Este sujeto era chofer de la Dirección de Discapacidad y cayó detenido en octubre de 2021 por el presunto abuso sexual cometido contra una niña. En noviembre de ese año, sus superiores iniciaron un sumario administrativo dado que Orrego no regresó a trabajar, tampoco informó de su situación. Ese expediente supuestamente tenía que derivar en la suspensión del pago de haberes en los meses siguientes, pero eso no sucedió.

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La fiscalía. La ayudante fiscal Agustina Pérez junto con el fiscal Francisco Micheltorena de la UFI Delitos Especiales.

La fiscalía. La ayudante fiscal Agustina Pérez junto con el fiscal Francisco Micheltorena de la UFI Delitos Especiales.

Por otro lado, el empleado público fue investigado en la Justicia y en mayo de 2022 un tribunal lo condenó a 10 años de prisión por los delitos delitos de abuso sexual con acceso carnal, reiterado y agravado por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia, y desobediencia a una orden judicial. El sujeto estuvo alojado en el Penal de Chimbas.

Lo sorprendente del caso fue que Orrego continuó cobrando, en promedio, algo de 285 mil pesos mensuales. La sospecha es que algún empleado hizo desaparecer el expediente iniciado en 2021, lo que le permitió seguir percibiendo sus haberes. Hay informes del Banco San Juan que indican que los montos depositados fueron extraídos mes a mes de distintos cajeros automáticos con la tarjeta de débito del ahora sospechoso.

Para la fiscalía, existen indicios que Orrego cometió las maniobras con la complicidad de otra persona y continuó cobrando hasta septiembre de 2023. Recién ese mes y año descubrieron, a través de una auditoría, que se le seguían liquidando los sueldos pese a que era de público conocimiento que estaba preso. Además, en noviembre de 2021, había iniciado un expediente que no saben en qué momento desaparecido.

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El magistrado. El juez de garantías Juan Gabriel Meglioli.

El magistrado. El juez de garantías Juan Gabriel Meglioli.

Todo esto se ventiló en la audiencia de este martes, pero el abogado Javier Cámpora –el defensor- se opuso a la imputación. Dijo estar “sorprendido” por la acusación contra un hombre privado de la libertad y que en este caso se daban el “delito imposible”, puesto que su defendido no podía ni tenía posibilidades de cometer el delito que se le atribuye porque estaba preso. “No se dan los supuestos para iniciar una investigación”, afirmó y pidió el sobreseimiento de Orrego; caso contrario, recurrirá a la Corte.

El juez Meglioli expresó que todo es provisorio en esta etapa y no podía expedirse sobre el pedido de sobreseimiento, de modo que habilitó la investigación penal preparatoria por un plazo de 6 meses e imputó al sospechoso del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública. El hombre continuará preso, pero con domiciliaria.

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