Se viene el juicio contra los cuatro policías federales que son acusados de armar un procedimiento ilegal en Vallecito y robarle 20.000.000 pesos a un camionero que venía de Salta. El tribunal que presidirá las audiencias orales y públicas ya fue designado y ahora falta poner la fecha para el inicio del debate contra estos efectivos de la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal Argentina, con sede en San Juan
Designaron al tribunal que juzgará a los policías federales acusados del robo de $20.000.000 en Vallecito
Son un oficial y tres suboficiales de la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal que hicieron un operativo supuestamente ilegal el 24 de abril del 2024 y que le quitaron el dinero a un camionero que venía de Salta.
Fuentes de la Justicia Federal señalaron que el juez Leopoldo Rago Gallo dio por clausurada la etapa de instrucción y elevó la causa a juicio, en la que aparecen como acusados el oficial subinspector Matías Barbeito y los suboficiales Marcos Altamirano, Gabriel Ángel Puca y Matías Leonel Vega, todos integrantes de la brigada de Investigaciones de la Federal con sede en el edificio de calle Mendoza, frente a la Plaza 25 de Mayo. El caso pasó al Tribunal Oral Federal de San Juan, que abrió los plazos para la presentación de prueba, mientras que se conoció que el debate será presidido por el juez Hugo Echegaray, en compañía de sus pares Eliana Ratta y Daniel Doffo.
El escandaloso caso que los llevó al banquillo se remonta a la madrugada del 24 de abril de 2024, sobre Ruta 141, a la altura del puesto fitosanitario de Vallecito, Caucete. Allí, la Brigada de Investigaciones de la Agencia Regional Cuyo de la PFA montó un control tras el dato de que pasaría un vehículo vinculado al narcotráfico. A la 1.30, el camionero tucumano Isaías Eusebio Arce llegó al puesto, pagó el control de plagas y fue abordado por los federales. Dijo que iba a Mendoza a comprar verdura y autorizó la revisión de la cabina: según su denuncia, los policías hallaron una bolsa con $10 millones y otra con $1 millón junto a la cama, y luego, al obligarlo a abrir un compartimento, otras dos bolsas, cada una con $10 millones. En total, $31 millones.
Le dijeron que no podía circular con tanta plata, le secuestraron $20 millones y le “devolvieron” $11 millones como supuesto máximo permitido. Según la
causa, los policías labraron un acta que le hicieron firmar, sin darle copia ni permitirle fotografiarla, y en un momento dado le retuvieron el celular. Lo acusaron de acusaron de ser “puntero” —el que va abriendo camino y alerta sobre controles— y le pidieron los datos del empleador para “avisarle” del procedimiento.
Horas después, el empleador Florentino Mamani llegó a San Juan con tickets y comprobantes para acreditar el origen del dinero y fue directamente al Juzgado Federal. La respuesta que recibió encendió todas las alarmas: no había constancia de ningún operativo de la PFA esa madrugada ni de un secuestro de $20 millones. Con esa contradicción, se presentó la denuncia penal. Para la mañana del viernes 26 de abril, la Justicia ya había identificado a los intervinientes y ordenó detenerlos. Desde ese 26 de abril de 2024, Matías Barbeito, Marcos Altamirano, Gabriel Ángel Puca y Matías Leonel Vega permanecen privados de libertad.
El 23 de mayo de 2024, el juez federal Leopoldo Rago Gallo firmó el procesamiento y la prisión preventiva por robo triplemente agravado, por haberse cometido en despoblado, en banda y por la calidad de funcionarios policiales, con el aval del fiscal Francisco Maldonado. Además, impuso un embargo de $5 millones para cada uno y dispuso que los cuatro sigan alojados en el Servicio Penitenciario de Chimbas. En la causa consta que dos de los imputados declararon y negaron haber visto el dinero, mientras que otros dos se abstuvieron; para la fiscalía, la hipótesis es que hubo una apropiación dolosa del efectivo.
Con la instrucción cerrada, el expediente fue elevado a juicio y, según confirmaron este 2 de septiembre de 2025, ya está en el Tribunal Oral Federal. Resta que las partes ofrezcan prueba y que el TOF fije la fecha. En los pasillos judiciales se baraja diciembre como ventana tentativa, aunque no descartan que el debate pase a 2026 si los tiempos procesales se estiran. Lo central, por ahora, es que el tribunal ya está designado y el caso entró en etapa de debate, con los cuatro policías detenidos y acusados de robo agravado.