En un nuevo fallo por la lucha contra los delitos informáticos en la provincia, la Justicia local condenó a una sanjuanina tras comprobarse su responsabilidad en la distribución de material de explotación sexual infantil a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. La resolución llegó tras un intenso trabajo de rastreo digital que permitió acorralar a la imputada con pruebas contundentes.
La investigación que desembocó en la condena comenzó a gestarse en septiembre de 2025, cuando un reporte de las organizaciones internacionales que monitorean el tráfico de este tipo de contenidos ilícitos encendió las alarmas de las autoridades locales. A partir de ese momento, especialistas en cibercrimen iniciaron un minucioso seguimiento de la huella digital de la sospechosa, logrando determinar el origen de los envíos y la sistematicidad con la que se compartían las imágenes.
Este tipo de operativos judiciales requiere de un esfuerzo coordinado y de alta complejidad tecnológica, ya que los investigadores deben peritar dispositivos móviles, cruzar datos de conexiones IP y asegurar la cadena de custodia de la evidencia virtual. El objetivo primordial de estas tareas no solo es detener al distribuidor inmediato, sino también desmantelar las redes de intercambio para proteger la integridad de los menores afectados.
Con la causa formalizada y ante el peso abrumador de la evidencia recolectada por el Ministerio Público Fiscal de UFI Delitos Informáticos y Estafas a cargo de Duilio Ejarque, la defensa de la mujer optó por evitar el debate oral y público. La imputada terminó aceptando su culpabilidad en un acuerdo de juicio abreviado, donde se le impuso la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de distribución de material de explotación sexual infantil.