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Presunta compra fraudulenta

Escándalo por la compra de un inmueble: por qué el fiscal pidió allanar el Arzobispado

En el marco de la investigación, la Fiscalía pidió nuevas medidas al juez que contemplan dos allanamientos. Se intenta establecer si se cometió defraudación agravada.

Por Redacción Tiempo de San Juan

El escándalo que surgió por la supuesta compra irregular un inmueble en Caucete por parte del Arzobispado sumó tensión en las últimas horas en el marco de la investigación judicial, al conocerse que el fiscal  de Instrucción N° 1, Carlos Eduardo Rodríguez, pidió al juez Guillermo Adárvez una serie de medidas tendientes a buscar claridad sobre el hecho. Una de ellas es que se ordene el allanamiento al Arzobispado de San Juan, a fin de secuestrar el título de transferencia de dominio, boleto de compraventa o de cesión de derechos del inmueble e instrumentos -actas- que habilitan o contienen mandato para la celebración del acto investigado. Rodríguez hizo la requisitoria en base a la sospecha de que la escribana Susana Celani cometió un delito, por lo que también pidió el allanamiento y secuestro de protocolo de la escribanía donde se materializó la escritura de dominio, boleto de compraventa o título de transferencia de derechos del inmueble.

Se trata de una ampliación al requerimiento de investigación en el marco de la causa por presunta compra ilícita del inmueble ubicado en Caucete por parte del Arzobispado en la que señalan como protagonista al obispo coadjutor Carlos María Domínguez, transacción denunciada por los hijos del dueño de la propiedad que no estaría en uso de sus facultades mentales al momento de la operación. Los denunciantes indicaron que las sospechas que pesan no sólo rondan en torno el estado de salud mental del hombre que vendió sino también se sostienen en el "irrisorio" precio que se manejó y "la velocidad con la que se hizo" la venta. 

En este marco, el fiscal sostiene que la escribana Celani habría cometido defraudación agravada, más allá de que el acto de compra-venta sea civilmente nulo.

Para Rodríguez, “conforme a la a los hechos acaecidos en la la presente investigación surgiría la comisión de un hecho delictuoso llevado a cabo por la escribana Susana Celani, el cual encuadraría en la figura típica penal contemplado en el art. 174, inc. 2 del C.P. 'Defraudación agravada', el cual establece una sanción penal de prisión al que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo”.

Así, el representante del Ministerio Público solicitó al juez 5 medidas nuevas. Los dos allanamientos mencionados, uno a la escribanía y otro al Arzobispado y además que se oficie al Registro General Inmobiliario a fin de que informe si se ingresó transferencia traslativa de dominio del inmueble en cuestión, y que se informe cantidad de trámites de cesión o transferencia de inmuebles de particulares a favor del Arzobispado de San Juan, durante los últimos seis años (plazo de prescripción del art. 174, inc. 2 del Código Penal).

También el fiscal pidió en las últimas horas que se disponga realización de inspección amplia en el inmueble transferido, para constatar el estado de ocupación y mejoras del bien. Y que se realice pericial médico psiquiátrico para determinar el estado de capacidad mental de la presunta víctima de apellido López.

El caso

El caso se originó el 26 de diciembre del 2020, cuando el hombre habría tenido un episodio violento con uno de los hijos, lo que generó el inicio de trámite de internación judicial por parte de la familia, que habría recibido el visto bueno de la Jueza de Paz de Caucete, Luciana Salvá. Ahí los hijos se enteraron de que se había dado una transacción comercial con la casa de su papá, y la juez habría ordenado en enero que la escribanía informe sobre el hecho, que recién habría contestado en mayo que se habría producido la venta del inmueble al Arzobispado el 30 de diciembre de 2020, con la presencia del obispo Domínguez y un contador.

Luego, los hijos habrían averiguado en el Registro Inmobiliario y descubrieron la venta por 1 millón de pesos mientras que ellos sostienen que la propiedad cotiza en más de 10 millones de pesos, sumando que dicen que el dinero no está en ningún lado. Al hacer la denuncia, los hijos del hombre de 78 años presentaron  certificados médicos de dos psiquiatras, que indican que padece de "psicosis esquizofrénica y psicoafectiva crónica".

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