Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE Después de haber sido detenida bajo la sospecha de haber egresado a cinco jóvenes de forma ilegal, adulterando las calificaciones, una nueva irregularidad se sumó contra la directora sanjuanina que quedó en la mira de la Justicia Penal y por ello su situación se complicó todavía más, al punto que le extendieron el plazo de prisión preventiva y deberá pasar un mes más en el Penal de Chimbas.
Se trata de la directora de la escuela de Albardón Néstor Kirchner, Patricia Salvatierra, quien fue denunciada por el Ministerio de Educación tras concluir con el sumario administrativo. Además de los supuestos egresados irregulares, los fiscales que investigan el caso -representados por Iván Grassi- señalaron que hubo alumnos que se inscribieron de forma irregular y que, durante el cursado, sospechan que había estudiantes que no cumplían con las asistencias debidas.
Ahora, la nueva acusación que pesa sobre sus hombros es que infringió el concurso público para la designación de horas cátedras, en el que se le habría adjudicado el trabajo a una docente en el sexto puesto de las prioridades, es decir, a alguien que no calificaba por encima de otras cinco colegas que también se presentaron a la disputa. Salvatierra habría adulterado cierta información para manipular el resultado de la selección.
Acorde arrojó la investigación, que se extenderá por seis meses más, la entonces directora falsificó las firmas de los docentes que peleaban por el mismo cargo. Los mismos negaron haber participado de la contienda en esos términos.
Frente a la nueva sospecha contra la mujer imputada por falsedad ideológica, la Fiscalía pidió que por un mes más permanezca tras las rejas del Servicio Penitenciario y así fue concedido por el juez de Garantías.
A pesar de que la directora que comenzó a ser investigada en julio de 2019, cuando comenzó el sumario administrativo, fue separada del cargo, como continuó vinculada a su labor en otra escuela y tenía acceso al sistema, las autoridades consideraron peligroso para la instrucción que pudiera estar en libertad.
El 23 de abril de 2020, nueve meses después de la investigación interna, el Ministerio de Educación resolvió radicar la denuncia en el ámbito penal que desencadenó el proceso que tiene a Salvatierra como única imputada.
El 14 de mayo pasado, la preceptora de la misma institución educativa, Natalia Arroyo, acordó una pena por los mismos delitos en un juicio abreviado: fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional.
Contenido especial