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Confirmado: la causa por la estafa con planes sociales pasó al fuero federal

La jueza Gema Guerrero entiende que existió un perjuicio al Estado nacional y por tanto debe intervenir un juez federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Tal como lo adelantó TIEMPO DE SAN JUAN, la causa por la presunta estafa con planes sociales que tiene cuatro detenidos y un prófugo pasó al Juzgado Federal. La jueza de instrucción Gema Guerrero, que intervino desde un principio en el fuero provincial, se apartó del caso al entender que uno de los damnificados es el Estado Nacional y que entonces debe pasar al fuero federal.

La decisión la tomó la jueza Guerrero, del Primer Juzgado de Instrucción, y envió todo lo actuado al juez federal Leopoldo Rago Gallo, que puede aceptar o rechazar la causa de acuerdo al criterio que adopte. Junto con el expediente, remitieron también a los detenidos: Natalia Alicia Castro, Walter Rubén Atámpiz, Sergio Eduardo Castillo y Pamela Mariana Agüero, revelaron fuentes tribunalicias.

El prófugo. Este es Mauricio Chanquía, quién está prófugo y pidió eximición de prisión.

En el medio quedó pendiente el pedido de eximición de prisión presentado por Mauricio Chanquía, el referente político del partido Libres del Sur que permanece prófugo en la causa. Lo mismo pasó con los planteos de los defensores de los ahora detenidos, que solicitaron la excarcelación. Ahora, si el juez federal Raga Gallo toma la investigación, será el quien resuelva al respecto.

No hay precisiones de cuántos son los damnificados y el dinero que se quedaron a través de las estafas. Se habla de al menos una veintena de damnificados, pero pueden aparecer más, explicó un funcionario. La maniobra supuestamente consistía en contactar a jóvenes y adultos desocupados y les ofrecían gestionarles planes sociales. Pedían copias de la documentación y realizaban los trámites. Una vez que verificaban el alta del plan, los punteros políticos ordenaban al beneficiario que retirara la tarjeta y la clave del Banco Nación. Sin embargo, a la salida de la sucursal bancaria les quitaban la tarjeta y la clave. Así, ellos se aseguraban de cobrar y quedarse con gran parte del dinero, a veces con más de 7.000 pesos, mientras que al titular del beneficio sólo le daban 1.500. Lo que no está claro cuál es la vinculación Natalia Castro, que era la encargada de la oficina de empleado de la municipalidad de 25 de Mayo, con los otros detenidos, que son de Rawson y Pocito.

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