Los médicos Federico Antequeda y Federico Bazán y la abogada Paola Miers radicaron dos denuncias en la Justicia tras sostener que el aborto que se practicó en el Hospital Rawson a la niña discapacitada de 14 años, bajo la responsabilidad de Salud Pública, se dio en un marco ilegal. Sin embargo, el fiscal Daniel Galvani desestimó la acusación y le pidió al juez de turno que investigara a los denunciantes por considerar que su conducta excedió los límites con la menor implicada. La causa pasó a la órbita correccional y por ello la fiscal correccional Silvina Gerarduzzi, quien también consideró que hubo presuntos ilícitos cometidos por los denunciantes y continuó con la investigación.
En ese contexto la fiscal, que ya tiene en su poder la presentación que hicieron los tres denunciantes y que conforma el expediente que se les inició, solicitó a las autoridades del nosocomio que otorguen las grabaciones de las cámaras de seguridad que mostrarían a los ajenos a la familia de la menor implicada dentro de la habitación, dialogando con ella, revisándole la historia clínica y practicándole una ecografía, entre otras acciones.
Estas pruebas, sumado a lo que ellos mismos entregaron a la Justicia, complicarían la situación procesal de los denunciantes que, como debido proceso, serán llamados a indagatoria por el juez al que le fue asignada la causa: Matías Parrón, del Quinto Juzgado Correccional.
Con el soporte audiovisual, la fiscal podría imputarlos por la violación al artículo 157 del Código Penal, inciso 2, que refiere al que "ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley". De ser encontrados culpables de la infracción al C.P, los investigados serían reprimidos con la pena de prisión de un mes como mínimo a dos años como máximo, tal y como está estipulado.
Si bien recientemente fueron notificados de la investigación por el ilícito que habrían cometido, el proceso judicial continuará de parte de la fiscal con la reunión de evidencias, mientras que el juez dará curso a las testimoniales de todos los implicados en el caso.
