Los denunciantes del aborto serán investigados por violación a la intimidad: ¿podrían ir presos?

Con esa solicitud, el fiscal señaló que Paola Miers y Federico Bazán, por un lado, y Federico Antequeda, por otro, actuaron de manera incorrecta pudiendo haber cometido un delito contra la libertad de la paciente a la que se le practicó el aborto en el Hospital Rawson, por lo que indicó “presuntos ilícitos cometidos por los denunciantes”. El magistrado subrrogante en el Segundo Juzgado de Instrucción, Ricardo Grossi Graffigna, entendió que la denuncia contra los denunciantes debían ser investigada en la órbita correccional y por ello la Fiscalía Correccional N° 4 tomó cartas en el asunto. 

En ese contexto, la fiscal correccional Silvina Gerarduzzi solicitó la unificación de las denuncias en una sola causa como primera medida y, a raíz de las mismas presentaciones que los dos médicos y la abogada hicieron ante la justicia, inició el minucioso trabajo de determinar las irregularidades que habrían cometido en el hospital público previo a la intervención quirúrgica, con acceso desde la aparatología de entidad pública , y de uso exclusivo del personal, hasta la historia clínica de la niña. 

Es que habrían irrumpido en la habitación donde estaba la menor y habrían hablado con la madre de ella, reconociendo que verificaron la existencia de un gel en la mesa de luz de la habitación, así también consultando la foja de la paciente. Esto quedaría corroborado por las propias filmaciones presentadas como prueba por los denunciantes. Incluso, el fiscal expone que se habría realizado por parte de Antequeda, asistido por Bazán y Miers, una ecografía a la menor, para lo cual debieron, sin autorización, transportar el equipo.

Con la evidencia que los mismos denunciantes ofrecieron, más algunas otras pruebas como registro de cámaras y un informe oficial del nosocomio, la fiscal podría imputarlos por la violación al artículo 157 del Código Penal, inciso 2, que refiere al que "ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley".

Si bien el proceso judicial apenas comienza, los implicados que podrían haber violado más de un artículo del CP, de ser encontrados culpables, serían reprimidos con la pena de prisión de un mes como mínimo a dos años como máximo, tal y como está estipulado. No obstante, el juez del Quinto Juzgado Correccional, Matías Parrón, será quien deba acompañar la conducción de la investigación y quien finalmente decida procesarlos o no para ser enjuiciados a futuro.         

Como todo proceso, se espera que su señoría lleve adelante las indagatorias correspondientes y cuente con las declaraciones tanto de los implicados como de las autoridades del hospital, incluso la misma familia de la niña en cuestión podría ofrecer su versión de los hechos, que por otra parte sigue de cerca la investigación penal contra el abusador que dejó embarazada a su hija, el finquero boliviano que permanece detenido, Marcelo Villalobo.