Por Gustavo Martínez Puga
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¿Cómo conocía en la provincia la red que adulteraba camionetas 4x4 para alquilarlas a la minería los datos de identificación de camionetas similares robadas en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal?
Estas son algunas de las preguntas que intentan responderse en la investigación por la Mafia de las 4x4 que está realizando el Juzgado Federal N°2 de San Juan a través de la Secretaría Penal N°5 de Paula Carena que dirige el juez Leopoldo Rago Gallo.
Y esas preguntas tienen día, hora y nombre y apellido para ser respondidas: el martes 26 de febrero, a las 9, cuando se presenten a declarar Marcelo Desiderio y Darío González.
Según fuentes del juzgado federal, estas dos personas podrían estar vinculadas al accionar de la red sanjuanina que fue procesada por la adulteración de las camionetas 4x4 (ver recuadro). Por ese motivo, en la notificación de la citación les hicieron saber que debían presentarse a prestar declaración indagatoria con un abogado defensor.
En el juzgado federal creen que estas dos personas pueden ser la llave que los lleve a conocer cómo hacía la banda procesada en la provincia para acceder a datos fidedignos de vehículos robados en Buenos Aires y Capital Federal.
Hay un dato clave: estas dos personas tenían acceso a los códigos de seguridad para poder acceder al sistema informático en el que se registraban los datos de los vehículos robados.
¿Cómo era la operatoria?
Se supone que esos datos eran proporcionados a la banda que operaba en la provincia, donde usaban los números de motor, chasis y autopartes de camionetas robadas en La Plata y Capital Federal para hacer los papeles truchos a las camionetas robadas que tenían en su poder.
Así las podían alquilar a empresas proveedoras de servicios mineros: a simple vista, los datos legales (tarjeta verde y títulos de los vehículos) en los papeles con los que tenían en los vehículos.
La maniobra se descubrió el 12 de julio de 2009, cuando la Policía de San Juan fue a una bodega de Ullum a buscar una retroexcavadora robada en Mendoza y se encontró con camionetas y autopartes.
Al verificar los datos descubrieron que estaba adulterados los números. Cuando cruzaron los datos se dieron cuenta de que la mayoría de las camionetas habían sido robadas en Mendoza, La Plata y Capital Federal.
Al chequear los datos de los papeles, en la justicia federal dieron con que muchos de esos datos usados eran de otras camionetas que estaban con pedido de secuestro porque habían sido robadas.
Por ejemplo, una de las camionetas truchas estaba identificada con el dominio VZZ-239. Según el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, era una camioneta de la Policía Bonaerense que estaba denunciada como robada y con pedido de secuestro.
Primer fallo
El 27 de diciembre último, el juez federal Leopoldo Rago Gallo dictó el auto de procesamiento que le dio un corte a la investigación por el escándalo de la Mafia de las 4x4. Todos los empresarios prestadores de servicios mineros que habían sido involucrados, zafaron. Estos son los 12 que fueron imputados: Guillermo Lucas Criscuolo (prófugo y cabecilla de la banda), Humberto Vignoli (suegro de Criscuolo, dueño de la finca donde estaban las camionetas, abogado y residente en La Plata, Buenos Aires), Natalia Vignoli (ex esposa de Criscuolo), Gustavo Olmo, Eduardo Galdeano, Mauricio Olivera, Vicente Mancuso, Juan José Quintero, Pablo Argentino Chatard, Sebastián Chatard, Mirtha Barud de Molina y Eduardo González.
