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SUSCRIBITE El juez Guido Otranto hizo lugar al pedido de la fiscalía federal de Esquel, quien solicitó una nueva carátula que explicite que se investiga la "desaparición forzada" de Santiago Maldonado, el joven al que testigos vieron por última vez el pasado 1 de agosto durante un operativo de la Gendarmería en tierras la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen, en el noroeste de Chubut.
Un comunicado de la fiscalía informó hoy que, "sin perjuicio de ser la hipótesis delictiva inicial de la causa, se solicitó al Juzgado Federal la recaratulación de la causa, que ha quedado registrada como EXPTE FCR 8232/2017 'N.N. s/ desaparición forzada de personas Art. 124 ter del Código Penal'".
La fiscalía federal de Esquel informó además que "se continúa investigando la desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado, hecho ocurrido el día 1 de agosto del corriente año en el marco de tareas realizadas por Gendarmería Nacional, como así también otras conductas disvaliosas en perjuicio de miembros de la comunidad mapuche Lof en Resistencia Departamento Cushamen, que ocupa el predio en conflicto territorial (con una compañía del grupo empresarial Benetton) desde el 15 de marzo de 2015".
"Debido a la gravedad del caso, relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal, es que se impulsaron medidas tendientes no sólo a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición el pasado 1 de agosto", puntualizó.
En este contexto, se ordenaron "medidas de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos" utilizados en ese operativo por la Gendarmería.
También "se obtuvieron diversas declaraciones tanto en el predio ocupado (...) y testimoniales en esta dependencia", además de solicitar al Juzgado Federal medidas "que, por razones de lógica investigativa, no pueden ser informadas", precisó la fiscalía.
El comunicado informó que en esta investigación "se encuentran cooperando (...) diversas dependencias de la Procuración General de la Nación" y menciona "la activa participación del fiscal general Félix Crous, de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y de la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), que ha iniciado su intervención de asistencia a los familiares de Santiago Andrés Maldonado".
"En el marco de esta causa, los familiares, como víctimas, se han constituido como parte querellante, han sido informados en forma personal y a través de sus asesores letrados sobre las diligencias impulsadas", añadió.
Finalmente, informó que el juez Otranto dispuso el secreto de sumario que rige desde el 14 de agosto último para evitar la publicidad o "mediatización" de datos sensibles, una medida que, "si bien limita a las partes a tener acceso a la tarea investigativa, tiene como principal objetivo minimizar cualquier riesgo que pudiera ocasionar la publicidad de la misma, tanto en su producción como en su resultado".
(Fuente: MDZ)