El gobierno de Alberto Fernández volvió a exigir con más firmeza sobre los derechos soberanos argentinos en Malvinas, tras cuatro años de relajamiento en el reclamo por parte de la administración macrista.
Después de este cambio de mirada sobre la soberanía, el consejo consultivo de las Islas Malvinas reaccionó, y aprobó un marco normativo según el cual declararán como "personas prohibidas" a los argentinos que flameen banderas en las islas, hecho que enlistan junto a actos terroristas. Esto significará la imposibilidad de volver a esa parte del territorio nacional, usurpado por la corona británica.
La nueva norma busca despejar dudas sobre quienes podrán ser declaradas “personas prohibidas”, ya que la ordenanza sobre la que se basa estaba demasiado sujeta a interpretaciones.
Ahora explícitamente se refiere a los argentinos que flameen su bandera. El modo de acción policial ante un hecho semejante está también reglamentado: primero le personal policial le pedirá a la persona que guarde la bandera o el símbolo, y si esta no lo hace pasará a integrar el grupo que no podrá volver a las islas.
La regla no aclara si será inmediatamente detenido y expulsado, o si se tolerará su presencia el tiempo que esté establecido.
Otro hecho castigado según la nueva norma es apelar a "medios escritos, orales u otros métodos para expresar opiniones que provocan, justifican o glorifican la violencia, ocasionan acoso, alarma y estrés que impacta sobre el orden público, o alientan el odio que puede llegar a agitación y/o violencia en la comunidad."