En Mendoza sancionará con multas, trabajo comunitario y arresto a quienes no vacunen a sus hijos

El objetivo principal es garantizar que todas las vacunas previstas por ley se apliquen sin que la decisión quede sujeta a la voluntad de los adultos responsables. Según la reglamentación, la provincia tiene la obligación de velar por el cumplimiento de esta política sanitaria, involucrando a distintos actores del sistema:

• Docentes y personal de escuelas públicas y privadas.

• Profesionales de la salud, tanto del ámbito público como privado.

• Funcionarios públicos en general.

• Agentes municipales que tomen conocimiento de casos de incumplimiento.

En caso de que un funcionario o agente no denuncie la falta de vacunación, la pena que le corresponda se duplicará. Además, si se repite la infracción, las sanciones se triplicarán en su mínimo y máximo.

Etapas del protocolo

La aplicación de esta resolución comienza con la detección del incumplimiento. Cuando se identifica que un menor no recibió las vacunas correspondientes, el personal de salud o educación debe registrar el caso, notificar a los padres y advertirles sobre las consecuencias legales.

A partir de ese momento, se otorga un plazo de 30 días para que los responsables:

• Completen la vacunación en cualquier centro de salud.

• Apliquen las dosis faltantes del calendario nacional.

• Presenten pruebas de cumplimiento ante las autoridades.

Durante ese mes, el sistema de salud provincial realiza un seguimiento activo para verificar que la vacunación se concrete. Si al finalizar el plazo persiste el incumplimiento, se activa la instancia sancionatoria, que incluye:

• Aviso al Equipo Técnico Interdisciplinario correspondiente.

• Denuncia ante autoridades policiales, municipales o judiciales.

• Aplicación de las sanciones previstas por el Código Contravencional.

Multas, arrestos y trabajo comunitario

El artículo 119 del Código Contravencional provincial dispone que los padres, tutores o responsables que no cumplan con la vacunación obligatoria establecida en la Ley Nacional N° 22.909 recibirán multas de entre 200 y 800 Unidades Fiscales (entre $84.000 y $336.000), arresto por hasta cinco días o trabajo comunitario en hospitales y centros asistenciales destinados a menores de edad.