Pasó finito: el Gran Hermano que no fue

Desde el Congreso bajó la semana pasada una luz amarilla con una aparente intromisión de la justicia federal en los papeles de las justicias provinciales. Con todo lo que eso significa: un servicio judicial federal taladrado por la inteligencia y los intereses políticos de parte, que le ha deparado su peor imagen en la historia entre la ciudadanía, intentando meter la nariz en el servicio judicial provincial. Que tampoco pasa su mejor momento, imita al de la Nación en su pésima imagen, pero tiene su propia dinámica. Lo único que le faltaría para caer en el destrozo sería resultar permeable a Comodoro Pi.

Ese Gran Hermano federal intentó ser inoculado por medio de la reforma del Código Procesal Penal federal que se discute en el Senado. Una de sus cláusulas, la número 27, bajó la posibilidad de que el procurador general de la Nación (hoy sin nombre a causa de la renuncia de Gils Carbó, pero ya con la nominación de Inés Weinberg de Roca) “sugerir” acciones a sus colegas provincial, en este caso el fiscal general Eduardo Jimmy Quattopani.

En tiempos de aceleraciones de causas dudosas en las provincias como la sorpresiva prisión del gobernador jujeño Fellner o un par de expedientes reflotados en Chaco y Entre Ríos contra las administraciones peronistas de esos distritos, señales de alerta.

Se ingresa aquí en el amplio espectro de la “sugerencia”, cuya conjugación es difícil de delimitar y por esa misma razón es que se convierte en un peligro potencial. Que en San Juan no fue valorado en público como una verdadera alerta roja, pero cuyo incendio se mandó inmediatamente a sofocar.

Una de las legisladoras que mandó a revisar el proyecto que se estaba tratando en comisión del Senado fue la albardonera Cristina López de Abarca, alarmada por el contenido del artículo propuesto y el mal aroma que estaba esparciendo, en medio de una desmejoría de las relaciones con algunos distritos peronistas clave. Fueron ella y el salteño Urtubey quienes pisaron el freno y mandaron a revisar ante el alerta provincial.

En San Juan dijeron que no se trató de un peligro concreto, pero que siempre es mejor no dejar la ventana entreabierta a las tentaciones de que un alto funcionario judicial nacional se “tiente” con las provincias, en medio de semejante microclima de aprietes. Incluso hablan de que a su criterio no hubo “mala leche”, sino un despiste involuntario.

A propósito a no, se pararon de manos ante la chance que los intereses de Comodoro Pi se filtren a los tribunales sanjuaninos de calle Rivadavia o de cualquier otra provincia, en trámite de cobro de alguna factura política que consideren impaga.

No es un lugar menor la vía: justamente la Fiscalía General que dispone ahora de todo el campo abierto para convertir a esa oficina en el verdadero poder de Tribunales, ante los cambios que se cocinan en el Código Procesal Penal sanjuanino que está desde la semana pasada en el escritorio del gobernador Uñac y que espera bandera a cuadros en Diputados en este trámite legislativo.

Cuando lo haga y salga aprobado encumbrará al Ministerio Público Fiscal liderado por Jimmy Quattropani a la cúspide del esquema: será los fiscales a su cargo los encargados de motorizar todas las denuncias criminales, solicitar pruebas, pedir detenciones o allanamientos, dejando a los jueces en función de garantías y decisión sobre esos elementos.

Ese sistema acusatorio, vigente en casi todas las provincias argentinas, viene sufriendo una eterno manoseo en San Juan, pero esta vez parece que viene en serio y no pasará de fin de año cuando comience a regir: la gestión provincial siente la urgencia ante el profundo pozo de descrédito al que cayó el sistema judicial sanjuanino y su ruborizante contraste con el ambiente de flagrancia.

Tal vez haya sido esa inminencia lo que terminó persuadiendo a Jimmy de abandonar su ilusión de sumarse a la Corte, con lo que alguna vez soñó en voz alta, para concentrarse en lo que viene: la Fiscalía que encabeza estará en el centro de la escena y todo el sistema pivoteará sobre el eje de quien ejerce autoridad e influencia en toda esa red de fiscales. Es decir, él.

Había circulado con fuerza meses atrás la especulación de un enroque en Tribunales. Que el fiscal Quattropani pasaría a la Corte para dejar desierto su cargo en la Fiscalía, y que de ese modo se impulsara la llegada a ese sensible resorte judicial de algún alfil con llegada al Ejecutivo.

Perdió de vista esa apreciación que el propio Quattropani es un funcionario que ha aprendido como pocos a jugar en pared con los operadores gubernamentales, y que uno de los frutos de esa relación es precisamente flagrancia. El fiscal y el cortista Guillermo De Sactis constituyen hoy el núcleo fuerte de la apoyatura de confianza con el gobierno, y de ese intercambio se produjeron los mejores avances en el Poder Judicial de las últimas dos décadas: el fuero que deslumbra por velocidad y eficiencia en las causas menores y la citada reforma del Código Procesal que trae otras novedades como el juicio por jurados. Van ahora por una reforma legal para incorporar el narcomenudeo a la agenda de delitos a cubrir por la justicia local, a ampliar las facultades de flagrancia a otros delitos.

Pero falta el corazón del sistema, que todavía gasea por la tapa de cilindros. Habrá una oportunidad de oro en la renovación casi completa de la Corte, el organismo que produjo la decadencia. Ahora debe completar el recambio de Caballero Vidal, iniciar luego el de Adolfo Caballero (de renuncia ya presentada) y esperar con paciencia que entre este año y principios del otro se produzcan las restantes dos vacantes de la célebre formación suprema que sobrevivió 20 años y envejeció a todo el mundo.

Pese a todo eso, la glándula de mayor impacto, la más influyente y significativa en la diaria, en la sensación térmica del aparato de seguridad y su vinculación con la policía, serán los fiscales. Jugarán con la 10 en la espalda, habrá uno en cada comisaría importante, por citar sólo un ejemplo. Demasiado relevante como como soportar el teléfono pinchado desde Comodoro Pi.