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SUSCRIBITELuego de que el diputado del PRO, Damián Arabia, presentara un proyecto para eliminar la COVIAR, un grupo de entidades de todo el país, entre las que se encuentran las sanjuaninas, se posicionaron en contra de la iniciativa.
Mario González, (de traje al centro), presidió la reunión de directorio de COVIAR en San Juan la semana pasada.
La reciente presentación de un proyecto de ley por parte del diputado nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, Damián Arabia, que propone la derogación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), generó un fuerte rechazo entre las entidades vitivinícolas de San Juan. Las organizaciones del sector emitieron un comunicado conjunto en defensa del organismo y su rol estratégico en el desarrollo de la industria.
El proyecto legislativo apunta a eliminar los aportes obligatorios realizados por los establecimientos elaboradores de vino y mosto a la COVIAR, lo que ha generado una fuerte división entre los actores del sector. Mientras algunos productores y bodegueros apoyan la iniciativa, otros consideran que significaría un retroceso para la vitivinicultura nacional.
En respuesta, la Cámara de Productores Vitícolas de San Juan, la Cámara Vitivinícola de San Juan, el Centro de Enólogos de San Juan, el Consejo Profesional de Enólogos de San Juan y el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos de San Juan, nucleados con otras entidades nacionales, publicaron un documento en el que rechazan la medida y expresan su preocupación por el impacto que podría tener sobre una actividad clave para la economía regional.
“Ante el desconocimiento que exhibe el proyecto de ley presentado para eliminar una verdadera política de Estado de la vitivinicultura argentina, es importante aclarar que la COVIAR no es una cámara empresaria ni un sindicato, sino una institución creada por el propio sector privado, con financiamiento privado, para construir consensos y articular una estrategia común de desarrollo”, señala el comunicado.
Las entidades recordaron que la COVIAR es responsable de la ejecución del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), herramienta clave para el posicionamiento del vino argentino a nivel nacional e internacional. Además, destacaron que Argentina es actualmente el noveno mayor mercado consumidor de vino del mundo y el octavo mayor productor, con una industria que genera empleo en 17 provincias.
“El aporte que realizan los establecimientos al PEVI representa solo el 0,019% del precio de un vino. La discusión no debería centrarse en los costos, sino en la alta presión impositiva que enfrenta el sector, que supera el 58% de los ingresos”, subraya el texto.
Además, las organizaciones remarcaron el carácter federal de la vitivinicultura argentina y cuestionaron que una iniciativa de este tipo provenga de un legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Esto evidencia una discusión más profunda: federalismo versus centralismo. No se trata solo de recursos, sino de la representatividad y el respeto hacia las economías regionales”, afirmaron.
Por último, señalaron que eliminar la COVIAR sería desmantelar un modelo de articulación público-privada único, que ha permitido al sector construir políticas de largo plazo, integrando esfuerzos con instituciones académicas, científicas y gubernamentales.
“La vitivinicultura argentina es una economía regional potente que exige ser entendida y respetada. La COVIAR es fruto del trabajo y el consenso del propio sector, y no puede ser desmantelada sin un debate serio y fundamentado”, concluye el comunicado.