La eliminación del aporte obligatorio a la Corporación Vitivinícola Argentina generó un fuerte alineamiento sectorial en la provincia de San Juan. A través de un comunicado, la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan expresó su firme respaldo a la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, la cual da de baja la transferencia forzosa de fondos que realizaban las bodegas y que, según denunciaron, era trasladada de forma indirecta a los costos de los productores primarios.
La postura de la entidad local surge como respuesta inmediata al recurso de amparo que la corporación presentó ante la Justicia Federal de Mendoza con el objetivo de frenar la medida oficial. Desde San Juan, los viñateros calificaron la resolución nacional como el cierre de un ciclo de recaudación forzosa y argumentaron que la medida da por concluido de manera legal el Plan Estratégico Vitivinícola 2030, señalando que por ley del Congreso el plan original debió finalizar en 2020 y que su prórroga fue una decisión interna de la entidad sin aval parlamentario.
Al trazar un balance de los 22 años de existencia del organismo creado en 2003, la asociación sanjuanina sostuvo que se fracasó en las metas de mercado interno y de exportación, las cuales prometían superar los 2.000 millones de dólares. Según manifestaron, el esquema económico apostó a un derrame que nunca llegó al productor primario, quedando el viñatero fuera de la agenda de rentabilidad de la corporación. Asimismo, denunciaron que el único éxito del organismo fue su recaudación coercitiva, utilizando supuestamente al Instituto Nacional de Vitivinicultura como brazo ejecutor para paralizar a los establecimientos que no pagaban.
Finalmente, la entidad recordó la asimetría de origen en la ley de creación de la corporación, afirmando que se ignoró deliberadamente la representación de los viñateros de San Juan para volcar la conducción históricamente a favor de los intereses de la gran industria concentrada. Los productores concluyeron afirmando que la quita de la denominada caja obligatoria no representa un ataque a la actividad, sino el fin de un sistema que asfixió al eslabón más débil de la cadena productiva durante más de dos décadas, abriendo un escenario de incertidumbre sobre el futuro judicial y político del financiamiento sectorial.
