“Ponen excusas para no invertir ni generar empleo”

–Daría la impresión de que, de las leyes que propone el Gobierno, lo que más temor le genera al establishment no es que se modifique la Ley de Abastecimiento sino que se ponga realmente en vigencia.

–Desde nuestra óptica, el paquete de leyes que estamos mandando al Congreso tiene un efecto tremendo sobre la gente porque les va a permitir a los consumidores contar con una serie de derechos que hoy no tienen. Con la introducción de la nueva Justicia del Consumidor estamos poniendo en práctica herramientas tremendas para defender sus intereses frente a empresas que muchas veces aprovechan para sacar pequeñas ventajas. Planteamos también la necesidad de tener un monitoreo muy riguroso de la cadena de valor en materia de precios, abastecimiento y disponibilidad de insumos, que nos permite saber cómo se va formando el precio y detectar quién se queda con lo que no corresponde. Como no es políticamente viable salir a criticar estos proyectos, los grupos concentrados, a través del Grupo de los 6, se aferraron a la actualización que proponemos a la Ley de Abastecimiento, que se trata de una cuestión marginal dentro de todo el paquete de medidas. Plantean que está inspirada en la ley venezolana, donde hay una aspiración de tener una intervención permanente en todos los sectores. No es el objetivo de la actualización que nosotros proponemos, que busca actuar en situaciones puntuales y reformular las penas que hasta ahora son de arresto, prisión o expropiación de la mercadería para reemplazarlas por multas en casos en los que hay conductas que distorsionan los mercados y son apropiaciones indebidas de rentas. Pero nos encontramos con la intención de bloquear los efectos positivos de un paquete de leyes que beneficia a cuarenta millones de argentinos y que sería una pérdida de poder relativo por parte de los sectores más concentrados de la economía. Buscan crear una distorsión absoluta en dos planos. Primero, en el espíritu de la nueva ley de regulación de las relaciones de consumo y producción y, segundo, generar desde el punto de vista mediático unos escenarios futuros completamente irreales para atemorizar a la población y que se deslegitime no sólo ese proyecto sino el paquete completo de reformas.

–Teniendo en cuenta justamente la posición dominante que tienen estos actores en la economía argentina, ¿no pueden hacer fracasar estas leyes?

–Permanentemente están poniendo excusas para no invertir, para no generar empleo. Supuestamente lo hacen porque hay incertidumbre, no hay seguridad jurídica o el clima de negocios no es el ideal. Entonces piden permanentemente al Estado que genere condiciones para que ellos tengan rentabilidades extraordinarias, cuando lo que tienen que hacer es invertir y correr los riesgos, como en cualquier economía, para obtener beneficios. Pretenden tener riesgo cero y sólo en esas condiciones invierten. Son los mismos tipos que en los últimos diez años vienen teniendo unas tasas de ganancias extraordinarias. No están haciendo su trabajo y están poniendo cualquier excusa para generar situación de incertidumbre y a partir de ahí sacar ganancias.

–¿Cómo se revierte esa lógica desde el Estado?

–La única forma de revertir esto es tener un programa económico que cumpla con nuestro objetivo de garantizar las condiciones para distribuir mientras se crece. Y apostar al diálogo. Cuando presentamos las leyes en el Congreso me reuní con la UIA, la Cámara de Comercio y los representantes de las organizaciones que más cuestionan estas leyes y no recibimos una sola contrapropuesta. Nos dicen que está todo mal, porque cada vez que el Estado se metió y fijó un precio generó un desastre en la producción. Es un argumento totalmente falaz. Demuestra la decisión de rechazar cualquier propuesta que implique un límite al accionar de los poderes monopólicos. Nosotros queremos generar condiciones para que todos ganen y tener un equilibrio consistente. Porque con estas discusiones estamos también transparentando los conflictos de intereses que hay entre un pequeño productor y un proveedor concentrado. Y eso se resuelve con un equilibrio que permita que cada uno pueda llevarse lo que corresponde sin que otro se lleve más. Para lograr eso hay que tener herramientas para intervenir cuando falta esa voluntad y es lo que buscamos con este paquete de leyes.

–La UIA ya anunció que irá a la Justicia a denunciar la inconstitucionalidad de la ley, si se llega a sancionar. ¿Se puede entrar en un limbo jurídico como sucedió con la Ley de Medios?

–No me extrañaría que quien está haciendo un lobby terrible contra estos proyectos apele a la Justicia tratando, a través de chicanas judiciales, de impedir que los efectos prácticos se cumplan. Nosotros no tenemos ningún elemento que nos haga pensar que exista alguna inconstitucionalidad en algunos de los aspectos relevantes de la legislación. De hecho, está plenamente vigente. Hay un dictamen del Procurador General del Tesoro de 2007 que valida esta interpretación, la Ley de Abastecimiento está incluida en el digesto jurídico que fue votado hace dos meses como ley vigente en la Argentina. Además, esta legislación se puede encontrar en países como México, España, Francia y Estados Unidos, con competencias y aspectos muy similares. Por lo tanto no se puede decir que es una experiencia que va a contramano de lo que pasa en el mundo.

–La imposibilidad de llegar a acuerdos con estos grupos concentrados puede generar cortocircuitos en la implementación del programa de Precios Cuidados?

–No, de ninguna manera. De hecho, en estos días me estuve reuniendo con la UIA para discutir desde el punto de vista técnico algunas propuestas que ellos tienen para fomentar exportaciones y mejorar los aspectos de algunas cadenas de valor. Estamos en diálogo permanente. Nuestra relación con el sector privado y sus representantes no se agota con esta ley. En muchos casos, algunos plantean inquietudes acerca de cómo va a funcionar esto, pero nunca supeditan ningún tipo de discusión a que no se avance en algo que para el poder Ejecutivo es importante. Lo que por otro lado sería extorsivo.

–En los meses que lleva de vigencia Precios Cuidados, el IPC acumulado llegó a un 16,7. ¿No es un número demasiado alto como para pensar que el plan está ayudando a bajar la inflación?

–Precios Cuidados no es una política antiinflacionaria, necesariamente. No se pueden reducir las políticas que pretenden lograr un resultado en materia de variación de precios a una sola medida. La inflación depende de muchísimos factores, algunos locales, otros internacionales y también de expectativas. Todos esos determinantes hacen que no se pueda atacar con una sola política. Precios Cuidados pretende que la distribución entre los diferentes eslabones sea lo más equitativa posible y por eso se llega a acuerdos en márgenes que les sirvan al fabricante y al comerciante. Haciendo más justa la distribución de la renta en la cadena, estamos dando señales en términos de expectativas, con lo cual contribuimos a la evolución de precios. Este año partimos de niveles de precios altísimos pero no motivados, desde nuestro juicio, por factores reales. Lo que vimos en enero y febrero fue una variación de precios motivada por una especulación que generó que prácticamente la mitad de lo que marca todo el período se dio en los primeros dos meses. Con lo cual, cuando uno ve la tendencia, se observa una convergencia hacia niveles cada vez menores en la variación de precios, partiendo de niveles altísimos. Creemos en las políticas macro del Gobierno, de brindar previsibilidad y generar las condiciones para que el dinamismo del mercado interno permita el sostenimiento de la producción, el empleo y la inversión y una política de Precios Cuidados que garantiza cierta previsibilidad en un listado relevante de productos. Esa convergencia de productos va a hacer que esa tasa de variación sea cada vez menor. Algunos hoy quieren volver a esa etapa de especulación, pero nosotros estamos generando todas las condiciones para que eso no se repita.

–La devaluación de enero y febrero comenzó con una ampliación de la brecha entre el dólar oficial y el ilegal. En estos días está sucediendo algo similar. ¿Hay riesgo de que se repita una fuerte devaluación y su consecuente corrimiento en los precios?

–Así como cualquier excusa es buena para no invertir, cualquier excusa también es buena para subir los precios. Nosotros creemos que se aprendió mucho de lo que pasó en el verano. Tenemos más herramientas para evitar situaciones de especulación. Ahora que estamos empezando a revertir las condiciones que heredamos de todo este proceso de especulación, aparecen los mismos tipos a plantear incertidumbre. En el medio, apareció el fallo absurdo del juez Griesa, que sirvió como una excusa bárbara para apostar a que suban los precios. Pese a todo ese contexto de generación de incertidumbre, entendemos que tenemos herramientas para evitar que se repita lo que pasó en el verano.