Paritarias: las claves de una hora clave

Esta vez es verdad. Tanto el brusco salto inflacionario de enero que recibió un empujoncito por la devaluación, como la necesidad de cuidar las arcas públicas en beneficio de que no se desbarranque el buen momento económico de los últimos años, son estricta realidad. Y este mes y el que viene, ambas necesidades se verán las caras en un terreno ambientado por los tanteos previos.
Como todas las provincias, San Juan tiene su propio dibujo con vistas a la discusión paritaria, tanto en el escenario de la actividad estatal como en el territorio privado. Ambos son dignos de ser analizados.
No por sencillo, el escenario en las negociaciones de la actividad privada parece en el orejeo de la baraja como de más rápida resolución. Primerearon a nivel nacional dos hombres fuertes de los gremios de la CGT oficialista, a quienes a pesar de esa condición CFK advirtió en público sobre la delicadeza de la situación. El metalúrgico Antonio Caló y el mecánico Ricardo Pignanelli tragaron saliva y se dispusieron a negociar una pauta cercana a la expectativa oficial del 25%, con tal de evitar despidos consecuentes por la baja de actividad.
Los gremialistas de estas ramas se encuentran ahora atrapados entre dos fuegos. Con la presión de sus afiliados por conseguir un incremento que refleje el aumento de los precios, pero a la vez por la preservación de la actividad que tanto costó conseguir, y cuyo eventual desmoronamiento también podrá ser imputado a los gremios. También ocurre con los sectores estatales: en San Juan se recuerda hoy ya hasta con cierta resignación aquella relación entre UDAP y el gobernador Avelín, en que el gremio había presentado un pedido de juicio político contra el mandatario por no pagar los sueldos y hasta el último día estuvo haciendo señales para que les recorten los ingresos con tal que paguen, pero el gobernador se resistió porque no lo consideraba justo y aseguraba que no sería él quien ajustara a los trabajadores. Terminó como terminó.
El sector privado se regula por sus propias realidades, algunas muy distintas de otras, y aquí hay varios matices a tener en cuenta para San Juan. Como Caló y Pignanelli, los gremialistas locales saben que deberán hacer un trabajo de contención entre su gente para evitar males mayores. Cada sector industrial tiene su actualidad, en casi todos los casos de retracción. Como los textiles, los mecánicos o los metalúrgicos, los gremios deberán estar atentos más que a la pauta salarial anual –si el 25%, el 30%, o el 35%- a eventuales achiques del negocio. Por caso la industria automotriz, que en San Juan demanda actividad de autopartistas, mostró muy magros números de enero que, anualizados, alcanzan la mitad de autos vendidos que en 2013 (casi un millón contra 500.000). De ahí a los despidos hay pocos pasos, y la pauta salarial será una anécdota si no se entiende ese contexto.
Caso similar es el de minería, un sector que supo entregar acuerdos salariales por un 60% anual de la mano de sus asombrosos rendimientos, y hoy es también un sector que se achica. Sus dos gremios –Aoma y el de los ejecutivos- saben que esta vez no podrán llegar ni por asomo a la mitad, para un año en que el deterioro inflacionario fue mucho mayor.
Los dos gremios tienen desafíos por estos días más importantes que la actualización salarial: contener la sangría de trabajadores que quedan en la calle por la actualidad del negocio minero, minimizar el impacto y conservar la mayor cantidad de puestos de trabajo posible.  Esa es la mejor demostración de que el índice que obtenga cada gremio no será acorde a la inflación sino a las propias posibilidades y situaciones.
En el sector estatal hay muchos parecidos y diferencias. Entre los primeros está la realidad de que a todos los gremios les resultará difícil obtener cifras que dejen conformes a sus afiliados ante la escalada de los precios. Entre los segundos, que por ahora no los corre la navaja de una reducción de los puestos de trabajo. También, que el estado provincial y nacional regula el proceso, pero en estos casos es también es la patronal: maestros, policías, agentes estatales, médicos.
La presidenta Cristina y el ministro de Hacienda local Alcoba tienen pocos puntos en común, pero esta semana aparecieron ambos pidiendo “responsabilidad” a los gremios. Ese llamado debe traducirse en una manera concreta: son los gremios los que deben asumir que ante una posibilidad de implosión de la actividad de consumo –como orejea cualquier baja de actividad como la actual-, los principales afectados son los trabajadores. Por consecuencia, también los gremios.
Intentan convertirlos en guardianes de un esquema pro consumo al que pone en jaque un ajuste eventual, y que puede golpear impiadoso el nivel de actividad y de empleo, si es que no se lo advierte temprano. Puede inferirse que hay tienen pocas expectativas de persuasión en el mano a manos, es más hay un gesto de abrir el paraguas: yo te avisé.
En ese tablero, comenzar hablando de un 25% de recomposición puede resultar insuficiente –y lo es- ante la estampida de los sueldos. Es, de otro modo, lo que hay. Con el precipicio cerca, se verá como avanza el diálogo.
La provincia pone mayor atención en los docentes porque es el gremio con el que más negocia, siempre sobre el filo. Una vez que consigue un acuerdo con ellos, extiende la cifra al resto de los gremios, los convoca a dialogar y termina fijando el porcentaje por decreto. A este año se llega con un condimento de inestabilidad adicional: las sumas obtenidas por la policía a punta de pistola en diciembre, que generan expectativas en el resto.
Y cómo será el desfiladero de tiempo de negociación con los maestros provinciales, que aún no comenzó la paritaria nacional a la que se ajustan las provincias, y en San Juan las clases comienzan el próximo 25. No hay manera de suponer que otra vez los paros no volverán a frenar el inicio de clases.
Por eso los gobernadores ponen atención en el acuerdo nacional como docentes, y allí es de donde salió el 25% tentativo fogoneado desde las provincias. El tablero nacional es bien variado, también previsible. Hay un grupo de docentes mayoritario concentrado en la Ctera, que dirige el oficialista Hugo Yasky, y hay otros gremios nucleados en centrales opositoras.
En San Juan, UDAP está federada a Ctera y tiene allí su espejo, pero saben que a Yasky no le será sencillo aceptar márgenes estrechos. Una vez que se resuelva a nivel nacional, vendrán la pulseada provincial y otra vez las tensiones.
Para los docentes, la expectativa es de una negociación dura pero con un acuerdo anual. También se espera en la provincia que haya buena receptividad de la propuesta en ATSA, y el gremio estatal que se perfila más fuerte y con mayor crecimiento, UPCN. Los más duros también se perfilan: los estatales de ATE, afiliados a la CTA de Micheli –opositora y de un discurso nacional más inflamado-, y como siempre, los médicos, que aún no se ponen de acuerdo por el incremento del año pasado.