Bolivia incendiada: Protestas, represión, muertos y desabastecimiento de remedios y comida

El gobierno de Rodrigo Paz, que asumió en noviembre pasado heredando una economía que califica de "quebrada", enfrenta su crisis más severa con diversos sectores que exigen su renuncia inmediata.

El detonante: Un ajuste de shock y la "gasolina desestabilizada"

La raíz del conflicto se remonta a la implementación del Decreto 5503, que eliminó los subsidios a los combustibles, provocando un aumento del 86% en la nafta y un 162% en el diésel. Aunque el Ejecutivo intentó compensar con un aumento salarial del 20%, los sindicatos lo calificaron de "concesión con trampa" destinada a ser devorada por la inflación. A esto se sumó la indignación de los transportistas por la distribución de “gasolina desestabilizada” que dañó miles de motores, y el rechazo inicial a la Ley 1720 de reforma agraria, vista como una amenaza para los pequeños productores.

Un mosaico de protestas y organizaciones

La movilización ha logrado unir a sectores tradicionalmente diversos:

• La Central Obrera Boliviana (COB): Lidera las marchas exigiendo la repatriación de divisas y mejores salarios.
• Los Ponchos Rojos y Campesinos Túpac Katari: Mantienen unos 15 piquetes diarios y han firmado un pacto de "no traición" para no negociar hasta que el presidente dimita.
• Seguidores de Evo Morales: El "evismo" se activó con una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz, exigiendo el cese de procesos judiciales contra su líder y rechazando las reformas económicas.
• Magisterio y Mineros: Mientras los maestros lograron acuerdos parciales por presupuesto, los mineros cooperativistas protagonizaron violentos enfrentamientos en el centro de la ciudad.

Los muertos y la reacción oficial

Hasta la fecha, se han confirmado cuatro muertes vinculadas al conflicto. Las víctimas incluyen a Anna Enss y Nelly Villanueva, quienes fallecieron por no poder llegar a hospitales debido a los bloqueos, una joven de 20 años en El Alto, y el dirigente campesino Alberto Cruz Chinche. Sobre este último, un líder de los Ponchos Rojos, el Gobierno asegura que su muerte fue accidental al caer en una zanja, negando el uso de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad.

La respuesta del gobierno ha sido un despliegue de 3.500 efectivos de seguridad bajo la orden de actuar como fuerzas "disuasivas". Sin embargo, se reportan al menos 57 detenidos y denuncias de represión con balines y gases. El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, ha denunciado la presencia de "grupos armados" y el uso de dinamita entre los manifestantes, advirtiendo sobre un riesgo de "guerra civil".

La sombra del "Plan Cóndor" y la denuncia contra Argentina

En el plano internacional, el expresidente Evo Morales ha lanzado una acusación que añade tensión geopolítica: la existencia de un "Plan Cóndor" moderno. Morales denunció formalmente que el gobierno argentino de Javier Milei envió dos aviones Hércules con material antidisturbios y equipamiento táctico. Según el líder cocalero, estas aeronaves no solo llevaron pertrechos, sino que fueron utilizadas para trasladar policías y militares bolivianos hacia La Paz para reprimir las protestas. Por su parte, el Ejecutivo boliviano solo ha reconocido la llegada de un avión argentino con alimentos para paliar el desabastecimiento.