El posible avance de una reforma que busca desregular el mercado inmobiliario abrió un fuerte debate en todo el país y también encendió las alarmas en San Juan. Autoridades del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios provincial manifestaron su rechazo al anteproyecto promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al considerar que podría generar un escenario de mayor vulnerabilidad para quienes compran, venden o alquilan inmuebles.
El secretario del Colegio, Rodolfo Ohanessian, y el tesorero, Marcelo Alessio, analizaron la iniciativa durante una entrevista con Estamos a Tiempo, el programa magazine de Tiempo Streaming. Allí remarcaron que el texto todavía es un borrador, que aún no ingresó al Congreso y que, en caso de avanzar, deberá ser aprobado tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado.
Los representantes de la entidad insistieron en que el principal impacto no recaería sobre los corredores inmobiliarios sino sobre los consumidores, al entender que la eliminación de los requisitos para ejercer la actividad podría permitir la participación de personas sin capacitación jurídica, registral ni técnica.
La preocupación por la seguridad de las operaciones
Desde el Colegio señalaron que el corretaje inmobiliario involucra operaciones que, en muchos casos, representan el patrimonio de toda una vida para las familias. En ese sentido recordaron que San Juan atravesó durante los últimos años distintos casos de estafas vinculadas a loteos, por lo que consideran que flexibilizar los requisitos para intermediar en compraventas y alquileres aumentaría los riesgos para la población.
Según explicaron, el borrador permitiría que cualquier persona mayor de 18 años pudiera desempeñarse como intermediario inmobiliario sin necesidad de contar con un título universitario específico ni con matrícula profesional.
Para los dirigentes, esa situación podría derivar en errores durante las operaciones debido a la falta de conocimientos sobre aspectos legales, registrales y comerciales que actualmente forman parte de la preparación exigida para acceder a la matrícula.
Qué funciones cumplen hoy los corredores matriculados
Las autoridades del Colegio también buscaron aclarar algunos conceptos que, según afirmaron, suelen generar confusión. Indicaron que actualmente el mercado inmobiliario ya funciona con un importante grado de libertad, ya que cualquier propietario puede vender su inmueble sin contratar a un corredor inmobiliario. Puede fijar el precio, publicarlo, mostrar la propiedad, negociar con los interesados e incluso concretar la escritura sin intervención de una inmobiliaria.
En ese marco, explicaron que la regulación vigente alcanza únicamente a quienes ofrecen el servicio profesional de intermediación de manera habitual y cobran honorarios por esa tarea. Además, remarcaron que el Colegio no fija el valor de las propiedades ni determina los precios del mercado, sino que regula el ejercicio profesional de quienes prestan ese servicio.
Para obtener la matrícula, señalaron, actualmente se exige contar con un título universitario, presentar garantías, disponer de una oficina abierta al público y cumplir con un registro profesional. A ello se suma un Tribunal de Ética y Disciplina, encargado de recibir denuncias de particulares e intervenir cuando un matriculado incurre en incumplimientos o malas prácticas, pudiendo incluso aplicar sanciones que lleguen hasta la suspensión o pérdida de la matrícula.
El escenario en San Juan
De acuerdo con los datos aportados por el Colegio, en la provincia existen actualmente unos 370 corredores inmobiliarios matriculados, de los cuales alrededor de 260 desarrollan la actividad de manera activa. Al mismo tiempo, estimaron que existe una cantidad similar de personas que realizan intermediaciones sin contar con matrícula, una situación que consideran irregular y que, entienden, podría incrementarse si prospera la reforma nacional.
Ante ese panorama, adelantaron que comenzarán una ronda de reuniones con diputados provinciales para explicar los alcances del proyecto y expresar su posición. Según indicaron, aunque el Congreso apruebe la modificación, la normativa que regula la actividad es de carácter provincial, por lo que cada jurisdicción deberá definir si adapta o no su legislación.
El proyecto que impulsa el gobierno de Milei
El anteproyecto promovido por el Ministerio de Desregulación propone una transformación profunda del mercado inmobiliario argentino. Entre los principales cambios figuran la eliminación de la matrícula obligatoria y del título universitario para ejercer el corretaje, la pérdida de facultades regulatorias por parte de los colegios profesionales, la posibilidad de operar en todo el país sin nuevas matriculaciones provinciales y una mayor libertad para pactar honorarios entre las partes.
Desde el Gobierno nacional sostienen que la iniciativa busca reducir barreras de ingreso, aumentar la competencia y facilitar el desarrollo de nuevos modelos de negocios vinculados con plataformas digitales, empresas tecnológicas y servicios inmobiliarios.
Sin embargo, los colegios profesionales de distintas provincias consideran que la regulación vigente constituye una herramienta de protección para los consumidores y advierten que eliminar esos controles podría afectar la seguridad jurídica de operaciones que involucran bienes de alto valor económico.
